Peligra el acuerdo de precios y salarios que busca el Gobierno

Política

Lo definió en una reunión realizada en Sanidad, en la que los sindicalistas compartieron la preocupación por el alza del costo de vida y se mostraron dispuestos a discutir un plan antiinflacionario si existiera un compromiso empresarial de que no subirán los precios.


Paritarias libres y sin topes. Esa es la definición que mantendrán los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) si el Gobierno finalmente los convoca para proponerles sumarse a un acuerdo de precios y salarios, que incluiría pactar un techo salarial del 30% para todo 2021.

Así se resolvió en una reunión realizada este martes en el Sindicato de Sanidad, en la cual la mesa chica cegetista analizó la iniciativa de la Casa Rosada de llegar a un entendimiento con empresarios y sindicalistas para contener precios y salarios con el fin de frenar las expectativas inflacionarias, tal como se habló durante un encuentro del gabinete económico realizado la semana pasada.

“Si el Gobierno nos recibe, pediremos precisiones y vamos a defender la estabilidad económica, pero cada organización sindical debe negociar los aumentos correspondientes para recuperar el salario frente a una inflación que no para”, advirtió un sindicalista de primera línea.

La conducción cegetista ya pidió una audiencia con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para solicitar más información sobre el acuerdo de precios y salarios porque, como se quejaron en la reunión, “hasta ahora sólo sabemos del tema por lo que publicaron los diarios”.

La dirigencia sindical mantiene algunas diferencias sobre el tema (para algunos, el acuerdo puede ser una herramienta eficaz), pero en el encuentro de Sanidad no hubo fisuras:se ratificó que debe haber paritarias libres, aunque todos se mostraron dispuestos a discutir un plan antiinflacionario siempre que el Gobierno logre un compromiso de que no subirán los precios.

El creciente aumento del costo de vida, que en enero superaría el 4%, preocupa a la central obrera, que se resiste a la posibilidad de fijar un tope para las negociaciones salariales: así, según se teme, podría complicarse la reelección de algunos sindicalistas que deberán afrontar este año las elecciones en sus organizaciones, que fueron suspendidas el año pasado por la cuarentena obligatoria, ya que los expondrá al malestar de sus bases y de sus opositores internos.

En la ratificación de las paritarias libres estuvieron todos de acuerdo, desde los cotitulares de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), hasta el resto de los dirigentes que participó de la reunión: Andrés Rodríguez (UPCN), Antonio Caló (UOM), Sergio Romero (UDA), Jorge Sola (Seguro), Omar Maturano (La Fraternidad), Carlos Frigerio (cerveceros) y Carlos Sueiro (Aduanas), entre otros. Estuvieron ausentes con aviso Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Armando Cavalieri (Comercio).

Rodríguez, líder de UPCN, había hablado unas horas antes sobre el acuerdo de precios y salarios: “Nosotros no vamos a poner ningún límite a ninguna paritaria”, dijo a una radio porteña, luego de destacar que “todos tenemos que bregar por que la inflación baje. Los índices que se vislumbran para el primer mes del año no son positivos”. Reconoció, en ese sentido, que “el presupuesto prevé un 29% de inflación, pero parece muy difícil mantener ese número”.

“El Gobierno está hablando sobre la necesidad de que las paritarias cierren 2 o 3 puntos por encima de la inflación -destacó-. Si lo logramos, es un paso adelante. Nosotros vamos a poner el hombro para que esto suceda. Pero es el Gobierno tiene que tomar las medidas necesarias para que los precios no se disparen. Nosotros no nos podemos poner en una posición de contralor”.

En el encuentro de este martes, por otra parte, la CGT avanzó en la forma en que se repartirán unas 1.500 viviendas de planes oficiales que el Gobierno ofreció para que la central obrera distribuya entre los trabajadores. Las casas ya están construidas en distintas provincias, se entregarán en 60 días y podrán ser pagadas mediante una “financiación ventajosa” para los beneficiarios.

Para la central obrera, en realidad, son pocas viviendas para las necesidades habitacionales que existen, pero la propuesta fue considerada “una señal de buena voluntad” por parte de la Casa Rosada, a la espera de que avance la oferta efectuada por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, para construir casas en terrenos sindicales y con financiación del Estado.

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