A las críticas de Emilio Pérsico y Juan Grabois, se sumaron, entre otros, las de Esteban Gringo Castro y Lito Borello, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
El gobierno nacional se comprometió con los movimientos sociales afines al Frente de Todos a generar, en cuatro años, un millón de viviendas a las que accederían los sectores más vulnerables y que no pueden acceder a un crédito bancario.
La mano de obra surgiría de las cooperativas de trabajo vinculadas a las mismas organizaciones y se generarían unos 170.000 empleos registrados y 4 millones de puestos de trabajo social. Además, se dinamizarían las economías locales porque la mayoría de la fuerza laboral provendrían de los propios barrios en los cuales se construirían las casas.
El dinero de los asalariados circularía por los comercios del municipio y se estima que tendría un impacto en la actividad económica de unos 865 mil millones de pesos, lo cual redundaría en mayor recaudación fiscal. El circulo cerraba. Se beneficiaban todos. Para lograrlo se necesitaba una inversión inicial de unos 750 mil millones de pesos.
Hasta el momento el Gobierno incumplió con esa promesa que involucra no solo a los movimientos sociales. Del circuito también forman parte sindicatos como la UOCRA, Camioneros, y SMATA, entre otros. Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) reconoció que estos hechos generan “tensión” con el gobierno de Alberto Fernández.
Uno de los voceros de la propuesta fue el dirigente Juan Gabois, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos. “Es un aporte para la postpandemia, inspirados en la consigna de Tierra, Techo y Trabajo que impulsa el papa Francisco, junto a movimientos populares de todo el mundo”, dijo el dirigente social en agosto pasado.
La propuesta se denomina Plan de Desarrollo Humano Integral y cuenta con el apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Antes de eso, Emilio Pérsico, uno de los referentes del Movimiento Evita y secretario de Economía Social, un área que funciona en la órbita del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, ya lo había expuesto como una política que impulsaban los movimientos sociales.
En diálogo con Infobae, el funcionario explicó que la propuesta, que le había sido expuesta por separado a Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner, “es el Plan Marshall criollo”, en alusión al programa mediante el cual Estados Unidos buscó la recuperación económica de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.
El propio ministro de Desarrollo Social se entusiasmó con la iniciativa. Es más, en enero anunció que para 2021 tenía previsto generar 300 mil puestos de trabajo, urbanizar 400 barrios populares para resolver los problemas de hacinamiento y, al mismo tiempo y motorizar el empleo vinculado a la construcción.
Para esas obras también están previstas las cooperativas de trabajo de los movimientos populares.
Voces como las de Pérsico y Grabois, se escucharon en momentos que Fernández se aprestaba a viajar a Europa con el ministro de Economía, Martín Guzmán, en busca de apoyo en la renegociación de la deuda con el FMI.
Pérsico, que asistió de manera virtual a los anuncios de Fernández sobre la Tarjeta Alimentar en el marco de una nueva reunión de la Mesa contra el Hambre, difundió a través de la redes sociales un mensaje en el que cuestionó el rumbo de la ayuda social dispuesta por la Casa Rosada.
“La Tarjeta Alimentar nos incluye como consumidores pero eso no es inclusión social, la única inclusión es el trabajo. No resuelve el problema de la inflación. La tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana”, dijo y explicó el centro de su cuestionamiento: “El Estado como último empleador tiene que garantizar trabajo. La otra tarea tiene que ver con que hay cuatro millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que casi no reciben ninguna ayuda del Estado”.
En otro tramo de su crítica puntualizó que “si el Estado volcara lo invertido en ayuda directa al programa Potenciar Trabajo (que él administra desde Desarrollo Social) se podrían construir 260 mil viviendas por año. Sería un capital social enorme. En 4 años de gobierno serían un millón de viviendas o pequeña obra pública. ¿Qué significa eso? Los recursos que pone el Estado en la tarjeta Alimentar”.
El “Gringo” Castro también cuestionó la eficacia de la asistencia alimentaria del Gobierno Nacional porque se lo apropian las empresas de alimentos. “Todo lo que el gobierno asiste se va por la canaleta de la concentración de la riqueza y la llevan al exterior de manera legal, no lo hacen escondidos.Esto ya nos está generando tensiones con el gobierno” reconoció en un reportaje concedido el sábado pasado a la Radio FM La Patriada.
Lito Borello, secretario de derechos humanos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular dijo que “la asistencia puede tener una lógica en tanto construya condiciones para permitir el desarrollo del trabajo. Si lo único que hacemos es correr atrás, es una situación que no va a parar porque la genera este modelo hegemónico. Siempre vamos a estar corriendo, y no van a alcanzar nunca ni los kilos de mercadería ni los planes”.
Por su parte, Grabois cuestionó la política económica de Fernández destinada a los sectores más necesitados y calificó a la Tarjeta Alimentar como una medida “estúpida” y utilizando la ironía dijo: “Finalmente, el gabinete económico definió romper el chanchito que parecía reservado exclusivamente para Kristalina Georgieva, mientras en la Argentina crece la pobreza y la desigualdad. Bien. Gran decisión”.
Los movimientos sociales vinculados al gobierno le aseguraron a Infobae que “por ahora” no realizarán ninguna medida de protesta o manifestación pública en las calles. Pero no lo descartan. “A ninguna persona del gobierno le puede sorprender lo que expresé, porque ese mismo 7 de mayo, el día que Alberto hizo los anuncios, yo le expresé a él mi opinión”, indicó Pérsico.
Desde el ministerio de Desarrollo Social coinciden. Internamente el dirigente del Movimiento Evita venía cuestionando la política de subsidios de la Casa Rosada y la falta de implementación del plan de viviendas que dinamizará a las economías locales y dará trabajo a los vecinos a través de las cooperativas.
Quienes se manifestaron en desacuerdo con los anuncios de Fernández justo antes de su gira Europea aseguran que no se pusieron de acuerdo para salir en simultáneo a “pegarle” al mandatario. “Fue una reacción de los compañeros después de escucharlo. Acá no hay ningún tipo de conspiración”, afirman quienes desarrollan sus tareas diarias junto a Pérsico.
Son los mismos dirigentes sociales que hablaron con Fernández para que, a través del Ministerio de Salud, se inocule a los colaboradores de los comedores y merenderos para que no cierren en medio de la segunda ola del COVID-19 y los que en los próximos meses formarán una línea política interna dentro del Frente de Todos para apoyar a Fernández y tratar de poner referentes de esos espacios en las listas de diputados y senadores a nivel nacional y provincial.
Ya lo dice una antigua máxima: en política nada es lineal y mucho menos blanco o negro.
Quedó expuesto con la reacción en cadena de los principales dirigentes sociales alineados con el Presidente pero alguno de ellos también con Cristina Fernández.
Y si quedan dudas, basta con escuchar las palabras de Grabois en el programa radial Hablemos Todo Hoy: “Yo mando a mis chicos al colegios, porque las escuelas están abiertas (en la Ciudad), porque hay un fallo de la Corte y porque perdí la discusión en casa por goleada”.
