Crisis de la salud privada en la Argentina

Economía

En un contexto en el que los medicamentos para la terapia intensiva aumentaron en promedio un 140% en lo que va del año y el atraso de las cuotas del servicio privado alcanza el 32%, la Unión Argentina de Salud (UAS) recurrió a la Justicia para reclamar la actualización del costo de las prestaciones y rechazó una eventual estatización del sistema privado.


En medio de la pandemia de coronavirus que azota al país y que ya se cobró más de 85.000 vidas, desde el sector privado de la salud argentina anunciaron que se presentarán hoy ante la Justicia por la falta de ajuste en sus cuotas, al tiempo que denunciaron que laboratorios aumentaron hasta 1.300% los precios de medicamentos utilizados en terapia intensiva.

Entre los principales argumentos de la Unión Argentina de Salud (UAS) -que engloba a las prepagas y a otros prestadores sanitarios del sector privado- para reclamar un ajuste en las cuotas se incluyen el incremento de los medicamentos, los ajustes salariales, la necesidad de mayor seguridad y la demanda de cada vez más servicios. En ese contexto, remarcaron que el sector requiere financiamiento para poder continuar operando y le advirtieron al Gobierno Nacional que si quiere estatizar el sistema de salud privado, lo planteen abiertamente en el Congreso.

Nosotros estamos presentando la cautelar este miércoles y esperamos que el juez la resuelva a la brevedad por la velocidad que requiere un tema de estas características. De hecho, cada vez que se plantea un tema respecto a un problema de salud, los jueces siempre le dan velocidad por lo que se llama el período en la demora. Nosotros esperamos que le den velocidad al tema porque así lo amerita la situación”, dijel presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Claudio Belocopitt, tras leer en una conferencia de prensa una declaración de la entidad que encabeza, en la que expuso la crítica situación que afrontan las empresas por el impacto de la pandemia y la falta de apoyo financiero por parte del Estado.

Según el presidente de Swiss Medical Group y de la UAS, entre enero y mayo de este año, “el costo promedio de los medicamentos para tratar a los pacientes en terapia aumentó un 140 por ciento”. Asimismo, remarcó que el desfasaje técnico con respecto al aumento que deberían haber tenido las cuotas del servicio de medicina privada, marcado por la superintendencia de Salud, “oscila entre el 31 y 32 por ciento”.

Fuentes del sector destacaron que desde 2011, cuando se sancionó la ley que regula los aumentos de la medicina privada, hasta fines de diciembre de 2020, el aumento de la medicina privada fue de 1.049%. Y que el costo de la salud, medido por los sistema oficiales, subió un 1.900%, período en el cual el costo de vida tuvo un incremento del 1.450 por ciento.

Los costos subieron casi el doble y a eso hay que agregarle el Programa Médico Obligatorio (PMO) de la ley, hace 10 años, es muy diferente al de hoy, con muchas más obligaciones que los legisladores no determinaron con que se financiaría”, detallaron. Al tiempo que mencionaron algunas como la equinoterapia y bypass gástrico, y subas en medicamentos de enfermedades no frecuentes, en algunos casos con cifras millonarias en dólares.

“Le acercamos al Gobierno propuestas que tiene más que ver con nuestros egresos que con nuestro ingresos, como aportes patronales e IVA para el sector, por ejemplo. Nunca escucharon estas propuestas. El IVA, por caso, lo paga el cliente y salta directo al Estado. Nosotros no recibimos los beneficios que recibe la educación privada, por ejemplo”, describieron.

En otro orden, Belocopitt rechazó de manera enfática la posible estatización del sistema de salud y advirtió que una de las formas de poner fin al sistema es desfinanciarlo. “Es una estrategia similar a la de obligar a un grupo de pilotos a despegar sin combustible suficiente y luego de que tres o cuatro aviones caigan al océano, intervenir la aerolínea y decir que los pilotos no estaban a la altura para estar a cargo del manejo de las aeronaves”, destacó durante la conferencia de prensa de la UAS en referencia a la falta de respuesta del Gobierno y a la posible idea de estatización del sistema.

En ese sentido, el titular de la UAS consideró: “La estatización de un sistema puede producirse de hecho o de derecho. En este último caso –la estatización por derecho- las autoridades elevan un proyecto al Congreso, este se debate y se aprueba de cara a la sociedad, y si fuese posible a la luz del día. Así se hizo en su momento con las AFJP, por ejemplo”.

Y añadió: “Si alguien decidiera tomar de hecho el sistema de salud privado, primero debería desfinanciarlo, ponerlo al límite de su capacidad operativa, arrodillarlo y mantenerlo así hasta que colapse, y su capacidad de atención sea deficitaria. Entonces, sobre los escombros, las ruinas y la salud de millones de argentinos, se expondría como un relato la excusa perfecta de que debe nacionalizarse bajo el supuesto de que el sistema no está en condiciones de dar respuestas sanitarias”.

Respecto a las versiones para estatizar el sistema, afirmó que las semanas y los meses pasaron, y las soluciones por parte del Gobierno nunca aparecieron, “situación inversamente proporcional a los rumores sobre la intervención del sistema que aumentaban y eran cada vez más profundos, ratificados, inclusive, por confirmaciones en off”.

El origen del reclamo

En noviembre de 2020 el Ministerio de Salud anuló una suba en las cuotas del 15% que había autorizado para diciembre y del 10% para febrero de 2021. Finalmente, en aquel momento solo se autorizó un incremento del 10% en las cuotas. En enero, Belocopitt se reunió con el presidente Alberto Fernández, a quien le pidió mantener el aumento de las prepagas que primero había autorizado y luego desestimó.

Posteriormente, en abril de este año, el Ministerio de Salud autorizó a prepagas un aumento general de hasta 4,5% a partir del 1° de abril y otro de hasta 5,5% desde el primero de mayo de 2021, según una resolución firmada por la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Sin embargo, las empresas consideran que esos ajustes son “insuficientes” y están por debajo de la inflación acumulada y de la suba de costos por parte de los laboratorios. “El incremento de los insumos y los medicamentos son impuestos por una oferta muy concentrada frente a la que no hay ninguna posibilidad de negociación, y van en desmedro del ingreso de sanatorios y honorarios profesionales”, explicó la UAS en un comunicado.

Fuerte suba de medicamentos

En octubre de 2020, mediante la Resolución Conjunta 1/2020, el Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, habían fijado topes por seis meses a los aumentos que habían tenido los medicamentos utilizados en el tratamiento de pacientes con Covid-19 grave, internados en Terapia Intensiva.

Esos topes, según las prepagas, ya convalidaban incrementos de hasta el 1.300% en algunos medicamentos esenciales para tratar pacientes en medio de la pandemia de coronavirus.

Pasado el período de seis meses, el 22 de abril de este año, se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Salud, laboratorios y distribuidores de fármacos, estableciendo nuevamente precios máximos de referencia por otros seis meses. En esa oportunidad, se autorizó un nuevo aumento de hasta 63% en algunos productos.

“Desde el año pasado, los prestadores y financiadores de la salud venimos advirtiendo públicamente acerca de la escasez y las distorsiones que se están dando en los precios de medicamentos analgésicos, sedantes y relajantes musculares indispensables para el tratamiento de pacientes en terapia intensiva”, advirtió la UAS.

Cabe destacar que la pandemia de coronavirus generó un inusual aumento en la demanda de estos productos a nivel mundial. El mercado global tiene dos proveedores principales de estos medicamentos críticos y sus principios activos que son China e India.

Este aumento en la demanda y las dificultades de movilidad por los aislamientos generaron dificultades de provisión y escasez en muchos países, así como distorsiones en los precios y el surgimiento de un mercado negro, alertaron desde la UAS. Añadieron que en la Argentina esta situación “se viene tornando crítica en el marco del aumento de casos por la segunda ola pandémica”.

En ese sentido, detallaron, algunos ejemplos del abuso en los precios de medicamentos UTI, luego del acuerdo de precios del 22 de abril de 2021 entre los que figuran el midazolam, para sedación de pacientes, que previo a la pandemia tenía un costo de $38,70 y aumentó 1.229%, fijándose luego del acuerdo en 514 pesos. También mencionaron otros medicamentos como el atracurium besilato, un relajante muscular que tenía un costo de $138,58 y tuvo un aumento anual de 428%, llegando a los $732 (con IVA) luego del acuerdo.

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