El Presidente analiza y debate internamente quién estará a cargo de la cartera judicial en la nueva etapa que encara el Gobierno. El anuncio sería entre hoy y mañana.
Hace una semana que el Ministerio de Justicia se encuentra acéfalo. En la práctica Marcela Losardo continuó firmando resoluciones del Poder Ejecutivo pero desde que Alberto Fernández anunció su salida, agotó su capital político. El Presidente transitó los últimos días analizando y debatiendo quién será el o la reemplazante. Es una decisión personal -insisten en Casa Rosada– pero que se verá atravesada por la atenta mirada de Cristina Kirchner y su poder de veto.
Voceros del Jefe de Estado informaron que no hay precisión de cuándo será el anuncio. Podría ser este mismo lunes o mañana, pero la resolución es inminente ante la desprolijidad del caso: una situación inédita en la que un Presidente confirma la renuncia de un funcionario por “agobio” y siete días después aún no tiene a su sucesor jurado y en funciones.
El candidato natural ante la salida de un ministro es su vice. Pero el caso del número dos de Losardo es particular. Juan Martín Mena pertenece al riñón de la vicepresidenta y es mirado de reojo por Alberto Fernández y lo que queda de su entorno. Ceder ante su compañera de fórmula debilitaría su imagen pero al menos debe dar la discusión. El tiempo también es un factor de erosión. Al fin y al cabo, será el blanco de críticas ante nuevos embates del kirchnerismo contra la Justicia.
En su entorno aseguraron los últimos días que no había urgencia por anunciar al futuro titular de la cartera de Justicia a la par que se aceleraba el malestar en el ceno del Gobierno por la falta de definiciones.
Parece una utopía hallar un funcionario con prestigio académico, respeto interno en Comodoro Py la Corte Suprema, y que a la vez mantenga el equilibrio entre las pretensiones y los puntos de vista que priman en la cúpula de la coalición del Frente de Todos.
La ausencia del sucesor/a de Losardo evidencia la falta de acuerdo entre Alberto y Cristina. La semana pasada, en declaraciones al programa de Romina Manguel, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero había asegurado que el último jueves se conocería el nombre en cuestión. Mientras tanto, el más albertista de los pocos albertistas que quedan en funciones, aseguró que Losardo había sentado las bases de la reforma judicial y, una vez más, responsabilizó a los medios de comunicación por la salida de la amiga, socia e histórica colaboradora del Presidente. “El agobio de Losardo puede ser por parte de un escarnio publico que hacen los periodistas”, ensayó Cafiero.
“Marcela toma una decisión producto de que sentía que venía otra etapa que amerita otro tipo de discusiones, viene una agenda de reformas que ella ya dejó planteadas en el Ministerio y en la Cámara de Diputados”, explicó el jefe de Gabinete, quien analizó que la próxima discusión que encarará el Gobierno “exige otro perfil” y “otras definiciones que le exceden” a la funcionaria saliente que continuará como embajadora argentina ante la UNESCO.
Pero ese jueves por la tarde no hubo oficialización. Persistían dudas que se vieron atravesadas por negociaciones y presiones, no solo internas, sino también provenientes de la corporación judicial. Cuando Alberto Fernández dio por finalizada su agenda en Casa Rosada partió rumbo a Olivos donde mantuvo una reunión a solas con Cristina Kirchner para definir al futuro ministro de Justicia.
De esa charla que duró alrededor de tres horas, quedó una certeza: Martín Soria no será el ministro. La vicepresidenta le bajó el pulgar. A partir de ese momento empezó a crecer con fuerza el nombre de la abogada Marisa Herrera.
Soría fue candidateado por el propio Alberto Fernández el lunes pasado cuando anunció la salida de Losardo. Y entre las justificaciones que utilizó para respaldar su postulación explicó que el diputado nacional no podía “ser acusado de kirchnerista” porque su hermana, María Emilia Soria, había sido en 2017 una de las legisladoras que votó por el desafuero de Julio De Vido.
Sin embargo, públicamente Martín Soría está encolumnado detrás del krichnerismo más duro en lo que refiere a agenda judicial. De hecho, en sus redes sociales el rionegrino replica las declaraciones de la presidenta del Senado y la voluntad de Alberto Fernández para avanzar con la reforma de la Justicia.
El otro nombre que puso el Presidente en carpeta es el de Ramiro Gutiérrez. Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, responde a Sergio Massa. CFK lo dio de baja cuando recordó que su nombre figuraba en carpeta para el Ministerio de Justicia cuando el líder del Frente Renovador compitió en 2015 contra Daniel Scioli y Mauricio Macri. También circuló el nombre de Julio Vitobello, el secretario general de Presidencia, íntimo del Jefe de Estado.
Por su parte, Herrera es investigadora del Conicet, abogada feminista cercana al kirchnerismo. Fue convocada el año pasado por Aberto Fernández para el selecto grupo de juristas que integraron el “Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público”, comisión creada por el Jefe de Estado para emitir recomendaciones e informes sobre las modificaciones pertinentes en la Justicia.
El perfil que pretende Cristina Kirchner debe ser ágil y resolutivo en Comodoro Py. Pero por sobre todas las cosas, que haya acuñado a su léxico la definición de lawfare y avance sin titubear con la reforma del Poder Judicial. La última palabra es de Alberto Fernández, pero el nombre elegido no amerita futuras imprecisiones. Se busca funcionario que funcione.
