El Presidente explicó en Olivos que no busca una condena penal contra los funcionarios del Fondo y ratificó que la presentación judicial abarcará desde los tramites administrativos previos a la firma del Acuerdo Stand-By hasta el destino final del crédito por 44.000 millones de dólares.
La información reservada llegó sin escalas a Olivos: la querella criminal que prepara Alberto Fernández contra Mauricio Macri no complicará la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que continuará a mediados de marzo con la reunión que mantendrá Martín Guzmán con Kristalina Georgieva en Washington.
“No tengo intención de enjuiciar a los funcionarios del Fondo, y además no hay competencia legal. Mi intención es probar que hubo irregularidades en la toma del crédito y un uso indebido de los 44.000 millones de dólares que nos llegaron por el Stand-By. Y nada más”, explicó el Presidente cuando le preguntaron sobre los alcances de la querella contra Macri.
Los argumentos jurídicos de Alberto Fernández sirvieron para contener una ola de especulación política que crecía con las horas en el FMI. En Washington no olvidan la Cumbre de Mar del Plata, ni menos aún la violación de una valija diplomática cometida por el canciller Héctor Timerman. Desde esta perspectiva, en el Fondo y la Casa Blanca creen que todo es posible en Balcarce 50.
“He instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”, anunció el jefe de Estado en la Asamblea Legislativa.
Cuando se conoció la decisión presidencial de iniciar una querella criminal contra Macri, el staff del FMI crujió. Nunca hubo unanimidad en la burocracia del Fondo para avalar el crédito de 53.000 millones de dólares -al final llegaron 44.000 millones-, y el respaldo formal fue la consecuencia directa de una instrucción política de Donald Trump a Mauricio Claver, su delegado personal en el board del FMI durante la gestión de Macri en Balcarce 50.
En DC asumieron que Alberto Fernández exigiría la declaración testimonial de Christian Lagarde, por entonces directora gerente del FMI, y a continuación los testimonios de una larga lista de funcionarios y asesores que participaron en la firma del Stand-By.
Frente a esta verosímil especulación política-jurídica, el jefe de Estado transmitió a través de carriles diplomáticos que la querella criminal contra Macri no apuntaba a ningún funcionario del staff o del board del FMI que hubiera colaborado con la concesión del crédito de 53.000 millones de dólares a la Argentina.
“No es contra el FMI, es contra la anterior administración que no cumplió con las normas del Stand-By y el uso prolijo del crédito”, explicó Alberto Fernández para despejar las dudas de los burócratas del FMI, que se veían a sí mismos sentados en una silla desvencijada de Comodoro Py explicando lo inexplicable.
Martín Guzmán ratificará la posición presidencial cuando aterrice en Washington. El ministro de Economía tiene agendado una reunión con el staff del FMI, y espera que Georgieva confirme -zoom o presencial- su conclave de primavera. Si hay encuentro, será entre el 18 y 21 de mayo.
El titular del Palacio de Hacienda no sólo podrá utilizar los argumentos presidenciales para aplacar la preocupación de los cuadros técnicos y políticos del FMI, sino que también tendrá a su disposición un párrafo del discurso de Alberto Fernández que propone al Fondo sumar esfuerzos para determinar si Macri y su gobierno cometieron los delitos de administración fraudulenta y malversación de caudales.
“La inquietud que aquí nos planteamos también parece ser compartida en el seno del mismo Fondo Monetario Internacional. Hemos sabido que la Oficina de Evaluación Independiente del organismo, identificó nueve propuestas de investigación entre las cuales está la “política de acceso excepcional” a créditos, destacando un ´caso particularmente difícil como la Argentina´”, escribió el jefe de Estado para explicitar su voluntad política de colaborar con las investigaciones del FMI.
Alberto Fernández asume que el board del Fondo Monetario Internacional no hará nada para proteger a Macri, los ministros de Hacienda y los titulares del Banco Central que participaron de las negociaciones para acceder al crédito Stand-By de 53.000 millones de dólares. Y que tampoco tomará represalias con el Gobierno por plantear una querella criminal que, a la distancia, puede abollar la imagen institucional y geopolítica del FMI.
“La querella será sólida. No es un simple hecho político con una trayectoria fugaz. Hace 8 meses que preparó sus fundamentos, y no tengo dudas que hubo fuga de capitales, malversación de caudales y administración fraudulenta”, dijo el Presidente cuando ya era noche en Olivos.
