Se trata de Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), que tiene su sede central en Madrid y una oficina en Buenos Aires.
Tras el escándalo en el Ministerio de Capital Humano por las supuestas contrataciones de personal a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para esquivar los controles y las estadísticas oficiales, la Justicia puso la lupa sobre otro organismo internacional. Se trata de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), con sede en Madrid (España) y oficinas en varios países de América Latina como Brasil, Colombia, Costa Rica y Argentina. Según la Unidad Fiscal para los delitos de la seguridad social (UFISES) abrió una investigación penal sobre los convenios que celebró ese organismo internacional con el Estado.
La OISS está enfocada a los temas de la seguridad social. “Nosotros no hacemos contrataciones de personal ni compramos cosas”, dijo un funcionario del organismo ante la consulta de este medio en alusión al escándalo con la OEI. Ese affaire comenzó con una denuncia periodística en el programa Argenzuela y se activó a raíz de la denuncia penal que presentó el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, contra el ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre, que sigue en silencio.
La presentación estaba basada en el testimonio de un “arrepentido”, Federico Fernández, por entonces Director General de Administración de esa Secretaría. El 29 de mayo, en medio del escándalo, ese funcionario reveló ante los abogados de Capital Humano una reunión clave que tuvo lugar el 24 de enero, donde se decidió avanzar con las contrataciones mediante la OEI, pero solo por tres meses.
Según la confesión de Fernández, los consultores cobraban a través de transferencias bancarias, previa certificación de servicios de los funcionarios de la Secretaría de Niñez. Luego extraían el dinero de sus cuentas, lo cambiaban a dólares y se lo entregaban a los funcionarios, quienes lo distribuían a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y a otros a funcionaros con bajas retribuciones.
“Los remanentes de dinero en dólares eran entregados a Pablo De la Torre para saldar los sueldos del personal que nunca fue nombrado”, aseguró el “arrepentido”. Todo es materia de investigación.
Esa causa está a cargo del fiscal federal Ramiro González, quien ya impulsó las primeras medidas de prueba. La semana pasada, el fiscal le pidió a la OIE que explicite cuántos contratos se firmaron durante el gobierno de Javier Milei y el monto total de las erogaciones a raíz de ese convenio. En paralelo, el Gobierno ordenó una auditoría de todos los contratos celebrados con ese organismo, no solo los de Capital Humano. Según reveló Infobae, ese tarea quedó en manos de José “Cochi” Rolandi, el flamante vicejefe de Gabinete.
El escándalo de la OEI despertó el interés por los convenios con la OISS, muchos menos conocidos. La Unidad Fiscal para los delitos de la seguridad social (UFISES), a cargo de Guillermo Marijuán, ya recabó información y detectó que hay un convenio vigente con la ANSES por un monto total de $800 millones. “Es un convenio de asesoramiento técnico, no tiene que ver con contrataciones de personal. Nosotros nos encargamos de hacer capacitaciones, cursos y seminarios. Algunos son presenciales y otros a distancia”, respondió una fuente de la OISS a este medio.
Los cursos presenciales se dictan en la sede del organismo, en Sarmiento al 1100, donde llamó varias veces por teléfono y no obtuvo respuesta. “No funciona la línea fija”, fue la respuesta. En la oficina madrileña, donde funciona la Secretaría General de la OISS, solo contestaron que la información debía canalizarse desde Buenos Aires.
De los 800 millones comprometidos por la ANSES, la OISS cobra un 5% en concepto de “costo operativo”, una cifra que se repite en convenios anteriores. Sin embargo, hasta ahora solo se habrían transferido unos 50 millones. “Nos encargaron en una primera instancia tres trabajos. Ya se presentó el primero y los dos restantes se encuentran en estado de elaboración. Un reducido número de consultores seleccionados y designados exclusivamente por esta organización tienen a su cargo las tareas. Cuando lo estime pertinente ANSeS requerirá actividades, informes o estudios en el marco del presente convenio”, detalló la misma fuente.
En la ANSeS también destacan que los convenios con la OISS no involucran la contratación de personal. “La OISS no se utiliza para pagar ningún sueldo ni ningún empleado que trabaje en ANSES. Se contratan estudios específicos de seguridad social, asesoramiento y servicio de consultoría. Y tales consultores no tienen relación alguna con ANSES, son elegidos bajo responsabilidad de la OISS. Lo que consume ANSES son productos de consultoría”, dijo un vocero ante una consulta de Infobae.
Los convenios de la OISS con el Estado no son nuevos. Por su función específica, ese organismo celebró acuerdos en los últimos años con el PAMI, la ANSES, el Ministerio de Salud, y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT). Actualmente solo estarían vigentes los de ANSES y la SRT.
En silencio, la Justicia investiga el motivo de los convenios con la OISS. Y quiere saber cómo se auditaron los fondos públicos entregados. En el organismo internacional aseguran que hay un triple mecanismo de control. ¿Y en el Estado?