La Secretaría de Energía determinó el sendero de subas para ese servicio y estima que unos 3,5 millones de usuarios no tendrán subas en sus boletas en 2023.
El Gobierno definió que las tarifas de gas tendrán un único aumento en el año de 28,3% para los usuarios residenciales, según pudo saber por fuentes oficiales. Además, más de tres millones de hogares quedarán exentos de incrementos en sus facturas.
El incremento corresponderá a usuarios que todavía pagan el precio de la tarifa subsidiada por el Estado. Desde fines del año pasado, un sector importante de la población dejó de recibir subvenciones en sus boletas, por lo que pasó a pagar el valor “pleno” del servicio. Este sector de usuarios residenciales tuvo ya dos incrementos, en octubre y en noviembre. En cuanto a las empresas, el incremento será de 34% en el caso de las de menor tamaño.
Así lo confirmó la secretaria del área, Flavia Royón, quien precisó que “las micro y pequeñas empresas que estén en el registro MIPYME continuarán siendo alcanzadas por los subsidios, mientras que las grandes empresas tendrán un aumento del 28,3%. Es un aumento que cuida a los comercios de barrio, al vecino y al crecimiento de la industria contra a la inflación”. La funcionaria ratificó que los usuarios segmentados en nivel 2 (menores ingresos) no tendrán aumento en el costo del m3 de gas mientras que aquellos que no hayan solicitado los subsidios o sean de ingresos altos tendrán un único incremento anual. “Los tres millones y medio de usuarios de bajos ingresos que han obtenido el subsidio por haberse anotado en el RASE no van a tener aumentos en el componente del valor del gas este año. La base de datos de la segmentación sigue abierta y aquellos hogares que no lo soliciten o que sean de ingresos altos recibirán un único aumento del 28,3 por ciento”, dijo Royón.
La funcionaria sostuvo que se apunta a cumplir con un doble objetivo: construir un sendero de precios previsible para el sector y reducir las expectativas inflacionarias para proteger el ingreso de los trabajadores y el conjunto de la actividad económica.
En una audiencia pública, las empresas de transporte y distribución de Gas Natural habían solicitado el miércoles al Gobierno una recomposición de sus tarifas a partir del próximo mes de febrero. Los servicios de transporte y distribución son dos de los componentes del precio final de la factura que reciben los usuarios, donde el mayor peso lo tiene el precio del gas (antes de su entrada al sistema de transporte) y al que luego se suman los impuestos de cada distrito. La Ley de Solidaridad suspendió la Revisión Tarifaria Integral que estipulaba aumentos trimestrales de acuerdo a la inflación y a fines del año pasado el Gobierno lo prorrogó por un año más, donde se aplicarán tarifas de transición.
El costo del servicio de gas natural que paga un usuario residencial surge de la suma de cuatro componentes: el precio del gas en el ingreso al sistema de transporte, el costo de traslado, el margen de distribución y los impuestos de cada jurisdicción.
El gas no es el único servicio que tendrá hacia adelante incrementos de precios. Tal como reflejó, también hay aumentos programados por los usuarios deAgua y Saneamientos Argentinos (AySA). Al igual que pasa con el gas, el esquema de ajustes varía según la categoría del usuario, pero no se determina directamente por el nivel de ingresos, sino por la zona geográfica en la que habita el usuario.
Los usuarios de ingresos bajos (Mataderos, Villa Lugano y Villa Soldati, entre otros), mantienen hasta hoy el subsidio sobre el 45% de la tarifa, pero a partir de enero solo tendrán subsidiado el 30% del total. En tanto, los ingresos medios (Almagro, Villa Urquiza, Saavedra y San Nicolás, entre otros), pagan actualmente facturas con 40% de subsidios, pero desde el mes que viene perderán la mitad de ese beneficio (el Gobierno pagará solo el 20%). Los usuarios de las zonas consideradas de “ingresos altos” ya perdieron el 100% de los subsidios desde noviembre pasado.
Tampoco terminó el proceso de quita de subsidios del servicio eléctrico, pero el 40% que queda pendiente para los usuarios altos se aplicará recién en el período febrero-marzo.
La quita de subsidios es uno de los elementos que determinará este año la posibilidad de cumplimiento de la meta fiscal que el Gobierno comprometió ante el Fondo Monetario Internacional. El techo del déficit primario es de 1,9% del PBI para 2023, lo que implica 0,6 puntos porcentuales menos que el cierre proyectado para 2022.
De acuerdo a estimaciones hechas por el equipo técnico del FMI, en 2023 la aplicación plena de la segmentación de subsidios con tope de consumo implicará un ahorro fiscal para el Estado de unos 0,5 puntos del Producto Bruto. Es decir, la mayor parte del recorte del gasto público que necesita la Casa Rosada para este año puede salir solo de la aplicación del sistema de diferenciación de subvenciones a las tarifas.
