Alcanzarán a empleados informales y trabajadores en relación de dependencia.
El Gobierno terminará de cerrar en las próximas horas el paquete de medidas económicas que lanzará como respuesta a la derrota electoral que sufrió en las elecciones primarias, que incluirán anuncios que comenzarán mañana con un nuevo aumento de salario mínimo, que sirve de referencia para algunos programas sociales y para empleados informales, un reajuste en el mínimo no imponible de Ganancias, bonos para beneficiarios de Anses como jubilados y AUH. Está a definición del equipo económico si habrá un nuevo IFE con un alcance más acotado.
Los equipos técnicos de distintas áreas del Estado, como los Ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo aún afinan el lápiz para el trazo fino de las medidas, con las que el Poder Ejecutivo inyectará dinero para mover el consumo y buscar recuperar algo el poder adquisitivo de distintos sectores del mercado laboral, que aún sienten el impacto de la inflación en el bolsillo.
Según se pudo saber en base a fuentes oficiales, el paquete oficial de medidas comenzará este martes con la reunión del Consejo del Salario Mínimo, integrada por cámaras empresarias y dirigentes sindicales, en la que se definirá cuál será el nuevo piso de remuneraciones para los empleados. Será la forma que tendrá el Gobierno para abordar la pérdida salarial de los trabajadores informales que, por definición, no ajustan su salario a través de negociaciones colectivas.
Un aumento del salario mínimo, entonces, funcionaría como “referencia” de incrementos posibles para ese sector del mercado laboral que además es, por lejos, el más perjudicado en la carrera contra la suba de precios. De acuerdo a los últimos datos oficiales, durante la primera mitad del año quedaron unos 12 puntos porcentuales por detrás de la evolución de la inflación.
Según es especula, el salario mínimo tendría en esta ocasión un incremento que elevaría su ajuste anual por encima del 45%, tras el “blanqueo” de la inflación de este año que espera el Ministerio de Economía, tal como dejó plasmado en el proyecto de Presupuesto 2022. En abril el piso salarial había tenido un primer aumento acordado entre empresarios y gremios de 35% en siete tramos hasta febrero. Y en julio, por la aceleración de precios, se decidió acelerarlo para que esos tramos terminen este mes.
De todas formas, el ajuste del salario mínimo tendrá más que nada un impacto en las cuentas públicas. Eso sucede, por un lado, porque la mayoría de los convenios colectivos de trabajo ya está por encima del nivel de salario mínimo. Y por otro, porque algunos programas sociales como el Potenciar Trabajo, el plan Progresar, el 82% móvil para los jubilados con aportes completos, entre otros, dependen de la variación del piso de remuneraciones.
Un segundo paso en las medidas apuntará a mejorar los ingresos de la punta de la pirámide de los asalariados. Eso tendrá lugar a través de una actualización del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, un tributo que este año ya pasó a alcanzar solo a los empleados en relación de dependencia que cobren unos 150.000 pesos brutos.
Esa primera modificación eximió de pagar el impuesto a más de 1,2 millones de empleados. El nuevo piso de Ganancias, según se espera, será actualizado más de un 15%, por lo que llevará el mínimo alcanzado a los salarios brutos -antes de los descuentos- de $175.000. Un anuncio de este tipo, de todas formas, ya se esperaba para antes de las elecciones primarias, ya que estaba previsto en la propia ley que aprobó el Congreso en abril, para evitar que los aumentos paritarias que comenzaron a darse desde mitad de año terminen “comiéndose” a ese ajuste.
Si el Gobierno anunciara el nuevo piso de Ganancias en los próximos días, está a confirmar si los contadores de empresas podrán poner ya implementar en cada caso la modificación o si los empleados deberán esperar a noviembre, cuando cobren el salario de octubre, para ver reflejado el nuevo mínimo.
Hay otro grupo de medidas que todavía está en análisis en el equipo económico. Uno de ellos, según trascendió en público durante la crisis política dentro del gabinete del Frente de Todos, fue el de poner en marcha una suerte de nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que tenga un alcance más acotado pero que apunte, centralmente, al mismo sector social: desocupados, trabajadores informales y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo.
El regreso del IFE, que fue discontinuado por el Gobierno luego de los tres pagos de $10.000 bimestrales que hizo en 2020, es una medida que reclama un sector del kirchnerismo. “Es indispensable que continúe el IFE y creemos que debemos reconvertir esas instancias en políticas para que no reciban ningún tipo de cuestionamientos”, mencionó en su momento el ministro de Desarrollo Social bonaerense y dirigente de La Cámpora, Andrés Larroque.
Para los sectores más vulnerables el Gobierno también analiza otras medidas, que podrían incluir un bono refuerzo para esos dos programas y que incluiría también a los jubilados. El Poder Ejecutivo ya estableció un último incremento trimestral de 12,39% para los haberes que paga Anses, a partir de la nueva fórmula jubilatoria que implementó la Casa Rosada este año.
En el menú de medidas que se anunciarían en las próximas horas hay además, algunas más “satelitales”, como un plan para facilitar las capacitaciones laborales y créditos a tasa cero -que en rigor ya comenzaron antes de las PASO- pero que podrían tener nuevas condiciones y más alcance.
El Gobierno avanzará de esta forma en una aceleración del gasto tras la derrota en las elecciones primarias. La dirección de la política económica fue puesta en discusión en público por la vicepresidenta Cristina Kirchner en su carta abierta del jueves por la tarde, en la que reclamó acelerar las partidas de gasto en los últimos meses del año, un pedido recurrente de manera más o menos pública que tuvo lugar a lo largo del año desde el kirchnerismo hacia el ministro Guzmán.
“El año pasado se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de $420.000 millones. A agosto de este año, a cuatro meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI… más del doble de lo ejecutado y restando sólo cuatro meses para terminar el año… con pandemia y delicadísima situación social”, le dedicó la vicepresidenta a Guzmán.
Un informe de la consultora Invecq consideró que “Cristina Kirchner está pidiendo públicamente un golpe de timón en la estrategia económica que implicaría, concretamente y según nuestras proyecciones fiscales, un aumento del gasto público respecto del plan de Guzmán de aproximadamente 1,3 puntos porcentuales del PBI lo que equivale a unos 550.000 millones de pesos extra hasta fin de año. Además de que es un monto enorme de dinero, lo que vuelve más riesgosa aún a la estrategia es lo concentrado en corto tiempo que sería la inyección de recursos dado que las elecciones definitivas son en exactamente dos meses”, explicaron.