Lo decidió el juez de Dolores Martín Bava, luego de que el presidente relevara a Macri de la obligación de guardar secreto de Estado en el marco de la ley de inteligencia.
El expresidente Mauricio Macri deberá ir el próximo miércoles al juzgado federal de Dolores para enfrentar la postergada indagatoria en la que se lo acusa de haber espiado a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. La orden la firmó esta mañana el juez federal de Dolores Martín Bava, luego de que anoche el presidente Alberto Fernández firmara la resolución que relevó a su antecesor de la obligación de guardar secreto de Estado, el planteo que frustró la audiencia del ayer, jueves.
Precisamente por eso, según se desprende de la resolución a la que accedió, el juez espera que Macri hable de actividades de inteligencia que están siendo investigadas, en esa indagatoria. “En el entendimiento que la solicitud de la defensa del imputado que imposibilitó que presta la declaración indagatoria ante este se hace presumir que el nombrado quiere para ejercer debidamente su defensa aludir a la realización de actividades de inteligencia vinculadas al objeto procesal…” escribió Bava. Una advertencia que puede volver a poner en tensión al juzgado y la defensa cuando llegue el momento de la declaración, comentaron las fuentes consultadas.
En declaraciones públicas, el expresidente había dicho que “jamás” espió a nadie y que las supuestas maniobras investigadas respondían a como se manejaba la Casa Militar con la seguridad del presidente. Su defensa tenía previsto presentar un escrito rechazado las acusaciones y denunciando lo que consideran es el carácter “político” de esta investigación.
La nueva cita -la cuarta- es el 3 de noviembre, a las 12, en Dolores. El juez descartó que la audiencia sea por zoom como pretendía la defensa. “En atención a las manifestaciones vertidas por el doctor Pablo Lanusse en el día de ayer respecto a la realización de una nueva audiencia indagatoria vía remota, hágase saber que dadas las características del material probatorio que se encuentra reservado consistente en documentos de inteligencia de la aplique su asistido Mauricio Macri fue relevado de la obligación de guardar secreto y confidencialidad en los términos de la referida ley 25.520 conforme esa misma parte solicitó a fin de que pueda ejercer debidamente su defensa y en su caso aludir a la realización de actividades de inteligencia vinculadas al objeto procesal de autos, como ya ha sostenido este juzgado ante planteos similares de otras partes, corresponde llevar adelante este acto de manera presencial y la sede del juzgado”, dijo Bava.
“Eso fundamentado en que la propia afín al remitir dicha documentación ha requerido se adopten a su respecto medidas de seguridad para que la compulsa de la información sea personal y en la sede donde se encuentran, sin que se permita la reproducción, duplicación o divulgación de la documentación e información ya sea a través de medios técnicos o humanos y que ante la compulsa de dicha documentación se deberá dejar constancia en un acta labrada al efecto en el que también se asentará que sea yo saber a las partes que pretende acceder al conocimiento de la información que a partir de ese momento quedará sujeta a las previsiones de la ley de inteligencia”, se añadió.
Otro de los puntos de la resolución del juez estuvo en una alusión a por qué él decidió suspender la audiencia de ayer, jueves. El juez dejó en claro que su resolución tuvo que ver no solo con que la defensa y la fiscalía estuvieron de acuerdo en pedir la autorización presidencial, más allá de que él tuviera otro criterio, sino en la advertencia que le había hecho la Cámara Federal de Mar del Plata, 24 horas antes, cuando rechazó un planteo de recusación por parte de Macri. La Cámara Federal lo había instado a guardar “mesura” y evitar “suspicacias” que puedan ser teñidas de “intereses políticos”.
Así, Bava buscó poner paños fríos a futuros cuestionamientos que la defensa de Macri ya anunció por lo sucedido en las últimas horas. “A fin de no afectar el derecho de defensa del imputado y con el objeto de evitar futuros planteos nulifica antes de las partes o cuestionamientos infundados respecto a la actuación del suscripto, y teniendo en consideración lo resuelto por la Cámara se hizo lugar a la pretensión de la defensa de esta manera previa sustanciación del plan de donde las partes presentes y siendo que ambas sostenían idéntica posturas se resolvió suspender el acto en curso y requerir al señor Presidente de la Nación que, de ser necesario, releve al imputado del deber de confidencialidad” obligado por la ley de Inteligencia.
A Macri se lo acusa por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno”. Los seguimientos se habrían dado entre diciembre de 2017 y finales del 2018. Se trata puntualmente de seis hechos.
El hundimiento del ARA San Juan, en el que murieron 44 personas, ocurrió en noviembre de 2017. Pero los familiares de esas víctimas no habrían sido los únicos espiados. Los agentes también monitorearon a los familiares de otros dos barcos hundidos: el pesquero “El Repunte”, de origen marplatense, que naufragó en el Mar Argentino el 17 de junio de 2017 y provocó la desaparición de 10 marineros; y el buque “Rigel”, que zarpó el 5 de junio de 2018 del puerto marplatense y perdió contacto cuatro días después frente a las costas de Chubut en medio de un temporal, mientras participaba en la campaña del langostino. Allí murieron nueve personas.
A criterio de Bava, que citó a Macri al mismo momento en que procesó a los ex jefes de inteligencia durante el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a otras personas, esas diligencias sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan no guardaban relación con la seguridad del presidente sino que se trataban de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública.
La resolución de llamar a indagatoria a Macri fue firmada el 1 de octubre, con la orden de prohibición de salida del país. La convocatoria era para el 7 de octubre. Para esa altura, Macri ya estaba en el exterior. Avisó que no podía regresar. La segunda cita fue el 20 de octubre. Macri volvió al país el día anterior y se reunió con su defensor que había visto la causa. “No vamos”, resolvieron. Allí recusaron al juez por temor de parcialidad y prejuzgamiento. Bava rechazó apartarse y volvió a citarlo para el 28 de octubre. Ayer, jueves, Macri fue a Dolores, rodeado por un grupo de simpatizantes y dirigentes políticos que lo acompañaron bajo un calor agobiante.
Cuando entró al juzgado, distante, saludó al juez y dejó que su abogado fuera el que hablara. La audiencia empezó, demorada por un breve corte de luz. Macri respondió sus datos personales y escuchó la imputación en su contra. Pero la tranquilidad de la indagatoria se rompió cuando los funcionarios del juzgado dieron cuenta de la respuesta que había enviado la interventora de la AFI Cristina Caamaño cuando fue consultada sobre el deber de guardar silencio por la ley de inteligencia que le cabía al ex presidente Macri al ser convocado a indagatoria.
“Se le hace saber que en virtud del carácter del imputado, el día 1 de octubre del corriente se le requirió a la Agencia Federal de Inteligencia que informe si para este acto era necesario el relevamiento del Secreto, lo cual fue respondido mediante Nota AFI N° 689/2021. En dicha respuesta la Agencia Federal de Inteligencia refirió que en virtud del rol que le cupo al imputado como Presidente de la República Argentina, la actual interventora no se encuentra facultada para relevarlo del deber de guardar secreto, atento al cargo que ocupó el imputado. Lo cual se puso en su conocimiento en forma previa a esta audiencia”, le indicaron.
De inmediato, la defensa activó el pedido de suspensión de la audiencia. “La defensa solicita se suspenda el acto atento que considera que el relevamiento del secreto obrante en la ley 25.520, lo debe realizar debidamente el actual Presidente de la Nación. Corrida la vista al Ministerio Público Fiscal, el mismo coincidió con el planteo realizado por la defensa”, dice el acta de la audiencia.
Minutos después, Macri salía del juzgado saludando a los manifestantes, y hablando en voz baja con los políticos que habían logrado sortear los controles policiales del cerco armado frente al juzgado. El abogado Lanusse oficializaba a los gritos la noticia ante los periodistas. “Quedó claro que esto es una persecución -dijo-Ha quedado en evidencia la intención del juez Bava de querer procesarlo antes de las elecciones”. E insistió: “Hoy quedó en evidencia lo que nosotros desnudamos cuando recusamos al juez, estamos ante un juez que actúa de forma militante”. No se descarta que en las próximas horas la defensa intente un nuevo planteo de recusación contra el magistrado, mientras se apelará el primer rechazo ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Antes de subir al avión para iniciar una gira, el presidente Alberto Fernández firmó anoche el decreto que relevaba del secreto a Macri. “Estando imputado el ingeniero Mauricio MACRI de un delito de acción pública, y con el fin de posibilitar el pleno ejercicio del Derecho de Defensa del imputado, así como la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales, es que corresponde relevar al imputado del deber de secreto y confidencialidad que establece la normativa vigente”, escribió el Ejecutivo.
Frente a eso, el juez Bava espera a Macri el próximo miércoles, a las 12 del mediodía, para concretar la indagatoria.
