El ministro cuestionó al máximo tribunal por la política de género y su intervención en casos de arbitrariedades.
El ministro de Justicia, Martín Soria, renovó sus cuestionamientos a la Corte Suprema, volvió a subir la presión contra el titular de la Procuración General, Eduardo Casal, y apuntó contra la ley del arrepentido, que permitió procesar a decenas de funcionarios y empresarios por casos de corrupción.
El funcionario que asumió en reemplazo de Marcela Losardo -la amiga personal y colaboradora de 35 años de Alberto Fernández- volvió a apuntar contra los principales focos que el kirchnerismo viene apuntando desde el primer día de gobierno. Lo hizo en un zoom convocado por la ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta y también en una entrevista con la TV Pública, en una de sus primeras acciones públicas desde que asumió, el lunes, el cargo.
El ministro reconoció que con las reformas que planteó el gobierno kirchnerista sobre la Justicia “algunos se han puesto bastantes nerviosos y tienen motivos, porque han hecho algunas macanas”. “Hay jueces que entregaron su dignidad y su trabajo a un presidente en un despacho a escondidas; esos jueces que denunciamos en el Consejo de la Magistratura me cuesta creer que busquen que se quiera recuperar el prestigio perdido de la Justicia”, aseguró.
Sobre el máximo tribunal, Soria cuestionó que “en la cúspide del Poder Judicial, la Corte Suprema tiene una sola mujer entre sus cinco miembros. Si conectamos este hecho con la resistencia a tomar la capacitación que ordena la ley Micaela, uno entiende muchas de las cosas que están pasando en nuestro país y en la Justicia”. El funcionario reflotó una polémica que se generó en septiembre del año pasado cuando el presidente Alberto Fernández criticó que no se hubiera avanzado con la aplicación de la Ley Micaela que ordena capacitar en perspectiva. En ese momento, la Corte negó esa situación y aclaró que “la Oficina de la Mujer desarrolla la coordinación y gestión de los programas de capacitación para la incorporación de la perspectiva de género tanto en la prestación del servicio de justicia como en el ámbito de las relaciones laborales que su ejercicio involucre”.
Más allá de esa controversia, Soria destacó que entre las primeras iniciativas que presentará para su discusión en el Congreso será la de creación de un “tribunal de garantías”, que limita las funciones del máximo tribunal al intervenir como instancia último para los recursos de arbitrariedad en los procesos judiciales. Se trata de una de las recomendaciones que dio el Consejo Consultivo que había convocado el Presidente para reformar la Justicia. En esa línea, Soria afirmó que a la Corte, por año ingresan más de 20 mil expedientes referidos a arbitrariedades y, “lamentablemente, fruto de décadas en que la Corte, a través de sus propios fallos, fue ampliándose a sí mismo las competencias, ya no analiza cuestiones de constitucionalidad, sino también cuestiones de arbitrariedades”.
Con respecto a la Procuración General, Soria afirmó que “la situación es insostenible. Pensemos que tenemos un procurador que no eligió el presidente y que no tiene acuerdo del Senado, que es lo que establece la ley. No es que me la agarré con el procurador Casal, es una situación anómala irregular que queremos modificar”.
Soria ratificó que “el único pliego actualmente (presentado por el Gobierno para ocupar la titularidad de la Procuración) es el del actual juez Daniel Rafecas. Si el día de mañana hay otro pliego, habrá que analizarlo, pero no podemos seguir esperando el debate de una ley esencial como es la ley del Ministerio Público Fiscal”.
“Hoy Argentina comparte el triste privilegio junto con Cuba en todo el continente de ser los dos únicos países que tienen cargos vitalicios que no impone la Constitución. Me refiero al cargo de Procurador que hoy, lamentablemente, interinamente lo ejerce el procurador Casal. Es hora de que estos pequeños resabios monárquicos empecemos a modificarlos”, consideró.
Finalmente, sobre la ley del arrepentido, que sirvió para el reconocimiento de empresarios de haber pagado coimas y a funcionarios de haber intervenido en hechos delictivos, Martín Soria aseguró que se trata de una “ley que el propio presidente la ha cuestionado hace muchos años, porque es una ley que se utilizó para perseguir. Es una ley que sirvió para armar causas y fomentar esa trituradora de carne utilizada para perseguir opositores desde el Poder Judicial”.