El Gobierno reglamentó el decreto de la ley que, según consideran, significa “el blanqueo popular permanente más grande de la historia”.
A más de un mes de que el Senado convirtiera en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, y de la pelea del ministro de Economía, Luis Caputo, con los bancos privados acerca de cómo llevarla a la práctica, se publicó el decreto reglamentario con detalles sobre cómo se deben sacar los dólares del colchón y qué beneficios otorga a los contribuyentes el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).
En los próximos días habría más normativas complementarias y se espera ver cuál es la reacción de las entidades privadas.
La reglamentación definió la letra chica de la ley con la que el ministro Caputo pretende dar seguridad jurídica a los argentinos para que saquen los dólares del colchón, los cuales se estima suman USD 170 mil millones, que ayudarían a la reactivación de la actividad, clave en la actual fase del programa económico.
Una de las definiciones más importantes es cómo deben hacerse las operaciones con los dólares del colchón. “Para poder utilizarlos, es necesario bancarizarlos y el decreto te da la opción de bancarizarlos tanto en el origen como en el destino”, comentó una fuente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en off the record. En términos prácticos, el contribuyente tendrá dos opciones: podrá depositarlos en el banco en su cuenta y luego realizar una transferencia a otra o directamente enviar el dinero a otra persona.
“Podés usar los dólares del colchón en la medida en que estén bancarizados, porque de esa manera cumplís con las recomendaciones del GAFI y del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que lo mejor es que el dinero esté bancarizado porque está trazado”, subrayó la misma fuente. Esto se definió así para que el fisco nacional pueda hacer un seguimiento del dinero y monitorear el financiamiento del terrorismo o el lavado de activos. A la vez, el dinero dentro del sistema financiero permite la circulación financiera y aumenta el crédito.
Fue el ministro Caputo quien afirmó la semana pasada que la Ley de Inocencia Fiscal es un “atajo enorme” para una reactivación más rápida de la economía.
“Los datos del Banco Central dicen que hay USD 170 mil millones debajo del colchón de los argentinos y los depósitos del sector privado son USD 67 mil millones, hay casi tres veces el nivel de depósitos que hay en el sector privado en los colchones. Imaginate si eso fuera en los próximos meses al sistema financiero, ni te digo todo, la mitad de eso, los problemas de la Argentina se solucionarían”, sostuvo en conversación con Radio Mitre.
Otra aclaración es sobre el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), que para poder adherir se debían cumplir tres requisitos: haber tenido ingresos menores a $1.000 millones en el último año, patrimonio menor a $10.000 millones y no ser identificado como gran contribuyente.
“El decreto viene a aclarar que se suman los ingresos -por darte un ejemplo, gravados, no gravados y exentos- solo propios. Es decir, no tenés que contar lo que recibís, por ejemplo, cuando sos intermediario”, detalló la fuente oficial También se definen los beneficios para aquellos contribuyentes que adhieran al RSG, que son presunción de exactitud y efecto liberatorio del pago. Aclara lo que se entiende por discrepancia significativa, en qué condiciones, y da la certeza operativa que le faltaba a la ley.
Los monotributistas, explicaron en ARCA, para poder sacar los dólares del colchón deben inscribirse en el RSG; de lo contrario, quedarán expuestos a una fiscalización. Los pequeños contribuyentes tendrán que evaluar qué les conviene más: sacar los dólares del colchón y pagar más impuestos o no hacerlo y correr el riesgo de ser investigados.
Dentro del organismo que conduce Andrés Vázquez, confían en que los monotributistas que quieran sacar los dólares del colchón adherirán al RSG. Según pudo saber con fuentes extraoficiales, en los próximos días se publicarán Resoluciones Generales de ARCA en ese sentido.
Todavía resta por verse si la reglamentación oficial resulta suficientemente satisfatoria para que las entidades privadas reciban los dólares del colchón o si demandan más especificaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), que se encuentra en pleno cambio de autoridades.
Cambio de umbrales y multas automáticas
En cuanto al cambio de umbrales de punibilidad, que para evasión simple pasan de $1,5 millones a $100 millones, el decreto explica qué ocurre. “Las causas, las denuncias que están desde antes de la publicación del Decreto, el contribuyente denunciado puede pedir la aplicación de la ley penal más benigna”, destacaron puertas adentro del fisco nacional. Es una posibilidad a la que pueden recurrir desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial. “De ahora en adelante, hay que considerar el umbral punible a las fechas de comisión del delito. Porque la misma ley prevé que este umbral que se determinó en $100 millones se actualice anualmente por un método”, afirmó la fuente técnica del organismo.
Otra de las cuestiones que generó revuelo durante el tratamiento de la Ley de Inocencia Fiscal fue la actualización de un 100.000% de las multas automáticas, con las consecuencias que tendría, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
“Hay una instrucción de no automatizar la emisión de la intimación para los contribuyentes que no son los más relevantes”, afirmó la fuente oficial consultada.
Así, el fisco nacional realizará una discriminación por contribuyente y a las pymes en general para darles un plazo de espera adicional para que puedan regularizar espontáneamente. En lugar de intimaciones automáticas, se enviarán recordatorios para que el contribuyente regularice su situación antes de que comience la instrucción del sumario para la aplicación de la multa.
