Siete años después de la firma del noveno acuerdo en la historia argentina con ese foro de naciones acreedoras, el Estado argentino entra en una cuenta regresiva para evitar la cesación de pagos.
Este lunes, 2.559 días después que el entonces ministro de Economía Axel Kicillof firmara el noveno acuerdo de pago de la Argentina con el Club de París, el Gobierno llega a la última fecha prevista en ese entendimiento, con una deuda pendiente de unos USD 2.400 millones que necesitará volver a renegociar. El propio contrato con ese consorcio de naciones acreedoras brinda un plazo adicional de 60 días para evitar un default.
La Casa Rosada espera que tras semanas de tejer apoyos de mandatarios europeos, el trabajo técnico con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional allane el camino para que el Club haga pública una minuta -como lo hace tradicionalmente, por consenso entre sus miembros- para que la no cancelación de esos USD 2.400 millones no sea considerado por ese foro como una cesación de pagos.
Ese paso será, en todo caso, transitorio: para una readecuación de los términos del acuerdo rubricado en 2014 el Club de París pedirá, como prácticamente desde su fundación, que la Argentina cuente con un programa financiero vigente con el FMI. En términos prácticos, el ministro de Economía Martín Guzmán buscará reducir la tasa de interés de 9% que rige desde 2019 y plazos de devolución más amplios.
Durante los últimos siete años, el Estado argentino pagó cerca de USD 8.100 millones a ese consorcio de acreedores bilaterales. El flujo de pago, no obstante, se interrumpió en 2019: el Gobierno de Mauricio Macri hizo un último pago de USD 1.900 millones en mayo de ese año y la cuenta quedó con un rojo pendiente de otros USD 1.900 millones más. En ese momento, el Ejecutivo argumentaba que la situación de reservas (la economía ya acumulaba más de un año de tensiones cambiarias) no le permitía afrontar un pago mayor, por lo que preferían que se active la tasa de interés de 9% a tener que resignar más divisas en ese contexto.
Con el cambio de Gobierno, la administración de Alberto Fernández planteó abiertamente la convocatoria a reestructurar gran parte de la deuda pública, comenzando por los bonistas privados y, como segundo paso, organismo bilaterales como el Club de París y el Fondo Monetario. En total, el monto a renegociar ascendía a unos USD 115.000 millones.
En mayo de 2020 el Ministerio de Economía no giró el pago pendiente tal como estaba previsto. Incluso ya semanas antes de esa fecha el propio Guzmán había enviado cartas al Club de París anticipando esa decisión. El 13 de marzo de ese año Guzmán escribió a los miembros del Club de París expresando la decisión de posponer hasta el 5 de mayo de 2021 el pago de USD 2.100 millones (es decir, los USD 1.900 millones más la tasa de interés) originalmente vencido el 5 de mayo de 2020.
Y más adelante Guzmán les adelantó que buscaría un cambio en las condiciones del acuerdo. El 7 de abril, el Palacio de Hacienda envió una segunda carta al Club de París con una propuesta para modificar los términos, y anticipó que pretendía discutir principalmente una extensión de las fechas de vencimiento y una “reducción significativa” en la tasa de interés.
El 31 de mayo previsto como último mojón en el sendero de pagos al Club llegó sin un acuerdo de reestructuración a la vista, por lo que el Gobierno necesitará ganar tiempo hasta conseguir el respaldo del FMI y un nuevo programa financiero que reemplace al que aún está vigente por USD 45.000 millones prestados por el organismo durante el mandato macrista, el préstamo más grande de la historia de la institución.
Este lunes oficialmente el Estado no pagará los USD 2.485 millones pendientes -según datos de la Secretaría de Finanzas-, por lo que comenzará el período de gracia de 60 días antes del default, aunque el Gobierno espera poder contar con el guiño necesario antes de esa fecha límite.
Una cesación de pagos sería no solo costoso en términos de reputación del proceso de negociación de la deuda que comenzó el año pasado -con el impacto que eso podría tener en los activos argentinos- sino también efectivamente más caro. Según recuerda un informe reciente de PxQ, del economista y ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis: “Si se declara el default se aplicará de forma retroactiva la ‘tasa final’ de 9% sobre los saldos adeudados, intereses básicos e intereses compensatorios impagos desde mayo de 2014 hasta la fecha de ruptura del acuerdo”, publicó.
“Esto implicaría un incremento de la deuda argentina de aproximadamente USD 2.000 millones. El saldo total de deuda impaga se capitalizará al 9% anual hasta que se salde la misma. Por este motivo es tan importante que Argentina alcance un acuerdo con los países del Club de París en los próximos 60 días”, mencionó el ex funcionario del Palacio de Hacienda durante el último mandato de Cristina Kirchner.
En los últimos meses la Argentina consiguió apoyos de mandatarios europeos para llegar a esta altura del año con posibilidades de evitar el pago al Club de París. En primer lugar, fue Martín Guzmán con una gira por Europa y poco tiempo después por parte del propio Alberto Fernández, que tuvo un paso por España, Portugal, Italia y Francia. Más de la mitad de la deuda argentina al Club de París está concentrada en dos países: Alemania (37%) y Japón (22%). Más atrás le siguen Holanda (casi 8%), España (6,68%), Italia (6,29%) y Estados Unidos (6,28 por ciento).
Por el momento, desde Washington y desde Olivos desmienten la posibilidad de una visita del staff del Fondo Monetario a Buenos Aires a lo largo de esa ventana de 60 días antes del default con el Club de París.
Como sea, se espera la llegada de algún tipo de guiño que necesita el Gobierno, por ejemplo, a través de un comunicado con un respaldo explícito de Washington a la renegociación que prepare el terreno para una declaración de consenso entre los miembros del Club de París que oficialice el cambio de condiciones hacia la Argentina.
En caso de que el Gobierno llegue al 30 de julio sin ese respaldo, para evitar el default no le quedaría otra alternativa que pagar. En caso de abonar esa suma, las reservas del Banco Central sufrirían un fuerte golpe. Desde uno de los despachos oficiales más importantes del equipo económico consideraban pocas semanas atrás que una exigencia de esa magnitud pondría en una situación “extrema” al colchón de divisas de la entidad monetaria.
Además, no podría esperar hasta agosto para contar con los USD 4.300 millones extra que enviará el FMI al país como parte del reparto de Derechos Especiales de Giro (DEGs) entre sus países miembro.