Lo analizará un plenario sindical que se realizará este jueves, aunque rige la conciliación obligatoria y la ley le impide concretar medidas de fuerza.
El Sindicato de Sanidad amenaza con lanzar este jueves un plan de lucha, durante un plenario de secretarios generales de todo el país, en abierto desafío a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo en el conflicto por la paritaria 2021. “No vamos a cesar en la presión a los empresarios hasta obtener el salario que nos corresponde”, advirtió.
Este miércoles estaba prevista la primera audiencia entre empresarios y sindicalistas dentro de la conciliación obligatoria, pero el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la suspendió porque “se encuentran elaborando instrumentos que resuelvan los problemas de financiamiento del sistema de salud que impactan en forma directa sobre la economía de las clínicas, sanatorios y demás empleadores”, sostuvo el gremio.
Por eso la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), conducida por Carlos West Ocampo y Héctor Daer, cotitular de la CGT, aseguró: “No vamos a aceptar más demoras ni dilaciones. Los salarios de los trabajadores se encuentran vencidos y se han depreciado considerablemente por causa de la inflación. Vamos a realizar todas las acciones sindicales que resulten necesarias para exteriorizar nuestro legítimo reclamo”.
“Los empresarios continúan sin formular una propuesta a nuestras demandas -señaló el sindicato-. Exhortamos al Ministerio de Trabajo a que convoque rápidamente a las audiencias que resulten necesarias a todos los involucrados para alcanzar una justa recomposición de nuestros salarios”.
Para FATSA, “el único sentido que puede tener la conciliación obligatoria es buscar las soluciones necesarias para alcanzar un acuerdo en relación a las actualizaciones de las escalas salariales”.
Moroni había dispuesto la conciliación obligatoria el miércoles pasado luego de que el sindicato anunció paros de cuatro horas por turno para el jueves y el viernes, a los que sumó una protesta de las cámaras agrupadas en la Federación Argentina de Prestadoras de Salud (FAPS), que en esos mismos días iba a suspender las atenciones programadas no urgentes ante “la dramática falta de financiamiento del sistema”.
La paritaria de Sanidad está trabada y sin soluciones a la vista. Luego de que el Gobierno corrigió la pauta salarial para 2021, el sindicato elevó su reclamo a un aumento del 43% al 45%, mientras que la FAPS afirmó que “hasta que no haya solución definitiva para actualizar los aranceles, no hay manera de aumentar los salarios porque aumentan los medicamentos, los insumos importados y la mano de obra en medio de un fuerte aumento de los contagios, con terapias intensivas llenas y sistemas de ambulancias al rojo”.
La protesta del sector de los prestadores de salud fue decidida la semana pasada durante un Zoom del que participaron unas 600 empresas de todo el país ante el “dramático desfinanciamiento que afecta al sistema de salud y frente a la discusión paritaria 2021″.
En el encuentro,el presidente de la FAPS, José Sánchez, presidente de la FAPS, dijo que “nuestro principal compromiso como prestadores de salud es con la vida, con nuestros equipos de salud y con las instituciones”, y recordó que “siete de cada diez argentinos son atendidos por el sistema de salud privada, que ha estado a la altura de las circunstancias en la atención durante la pandemia”.
“Es una obligación repensar el sistema para la actualización automática de los ingresos prestacionales. Si la situación sigue deteriorándose, ya no podremos repensar el sistema de salud, sino que deberemos reconstruirlo”, aseguró Sánchez durante el Zoom.
Curiosamente, en este conflicto hay coincidencia de empresarios y sindicalistas en que el Gobierno debe actualizar los valores del sistema de salud. Mientras que las cámaras destacaron que el aumento salarial superior al 40% que pide el gremio es justo, West Ocampo, el líder de FATSA,dijo la semana pasada que “la medicina privada tiene que aumentar sus valores, que se mantienen igual desde 2019″.
Minutos después de que dictó la conciliación obligatoria, la FAPS destacó que “es muy importante que el Gobierno haya tomado nota del conflicto y busque las soluciones necesarias para lograr un acuerdo”, pero advirtió que ”si los financiadores no garantizan una actualización de los aranceles, será imposible avanzar en una solución” y dijo que esperaba una respuesta “concreta y positiva” de las autoridades.