La Secretaría de Comercio reconvertirá una unidad de 45 personas que estaban abocadas al programa Precios Justos durante la gestión anterior.
En el equipo económico del Gobierno señalan que hay rubros en donde hubo aumentos “desmedidos” en los últimos meses, situación que decidieron enfrentar en una primera etapa con una mayor apertura para las importaciones de productos de la canasta básica. Mientras continúa la disputa del ministro de Economía, Luis Caputo, con las empresas por las promociones “2×1″ y su intención de que haya una baja en los precios de lista.
Es en ese marco en el que la secretaría de Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, comenzará a realizar un comparativo de precios locales con los que se encuentran para determinados artículos en otros países de Latinoamérica, España y Estados Unidos, entre otros, según comentaron fuentes oficiales a Infobae. Para eso se reconvertirá una unidad de 45 personas que durante la gestión anterior estaba dedicada al relevamiento de Precios Justos, programa que dejó de ser una política de Estado desde la asunción de Javier Milei.
El nuevo equipo estará bajo las órdenes del subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño. La medida tiene dos objetivos, uno vinculado al mercado interno y otro al externo, al tiempo que se medirán no solo productos de consumo masivo sino que será más extendido y federal.
“En un tiempo prudencial vamos a contar con la información necesaria, recién estamos armando el equipo. La intención es tener presente qué precios están en Argentina por encima de otros países, teniendo en cuenta que además la búsqueda del Gobierno es abrir la economía. También nos va a ayudar a saber dónde somos más competitivos para que nuestras empresas puedan abrir mercados”, comentaron desde Comercio.
En el equipo económico apuntan a algunos productos que desde diciembre tuvieron “aumentos desmedidos” e incluso quedaron caros respecto a otros países. Entre ellos se encuentran las gaseosas, el arroz, el pan lactal, las cervezas y el café. Para este último ítem la apertura no solo fue para bienes terminados sino que se incluyeron los insumos. Caputo dedicó esta mañana un posteo en su cuenta de X a ese producto en particular.
En lo que es consumo masivo la información surgirá del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) que fue el único monitoreo que dejó en pie el Gobierno. El SEPA, que se puso en marcha en 2016 cuando Muiño era director de Defensa al Consumidor en el Gobierno de Mauricio Macri, releva información de 16 millones de precios diarios vía web o aplicaciones y permite compararlos en diferentes comercios de todo el país.
La herramienta servirá para el relanzamiento del programa Precios Claros en formato de aplicación móvil, ya que actualmente solo se encuentra en formato de web. Con la información del SEPA permitirá a los consumidores comparar precios en diferentes barrios, ciudades y provincias de Argentina para elegir los más convenientes.
En paralelo, el consumo masivo refleja el impacto de la pérdida de la profundización en la pérdida del poder adquisitivo de los últimos meses. Las ventas en supermercados cayeron en febrero 8,3% respecto al mismo mes del año pasado, al igual que había sucedido en enero, y la primera semana de marzo mostraron una baja del 9% interanual.
En el sector comercial y en las empresas productoras descuentan que el primer semestre será de caída. Ambos segmentos esperan un “repunte” para la segunda mitad del año si la inflación baja y los ingresos comienzan a recuperarse.
El Gobierno apuesta a que una mayor apertura de las importaciones genere más competencia y una merma en los precios. Caputo continúa con su cruzada contras las promociones. Los supermercados señalan que recién en uno o dos meses podría notarse una mayor afluencia de productos foráneos en las góndolas, principalmente desde Brasil.
La lista de alimentos que podrán importarse son unos 3.000, con amplia variedad en un listado que mezcla productos que no se producen en el país con otros en los que Argentina debería ser más competitivo, como la carne vacuna. El combo puso en alerta a la industria alimenticia local, algo que las firmas nucleadas en la poderosa Copal transmitieron a Caputo en una reunión que tuvo lugar el jueves pasado.
“A muchas empresas les pasó que pricearon sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente, y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones, del tipo ‘60% de descuento en la segunda unidad’ o hasta ‘2×1′. Estos descuentos si bien no los capta el Indec por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria”, señaló Caputo.
Desde Epyca Consultores resaltaron que hay 14.000 empresas locales dedicadas a la producción de alimentos: unas 4.500 se dedican a la panadería, 1.300 a las carnes, 1.200 a las pastas alimenticias y 1.000 a lácteos.
“Sobre este conjunto de casi 75.000 empresas, que equivalen al 15% de todas las compañías del país, recae el riesgo de la medida que toma ahora el Gobierno de Milei. En cambio, este tipo de apertura comercial parcial no perjudica a las empresas que se dedican a la venta de alimentos, que podrán vender ahora mercancías importadas que ingresarán con esa facilidad; y dejar de vender alimentos producidos en Argentina, si así quisieran”, apuntaron.
“El Estado argentino está generando así reglas de juego que implican una competencia desleal. El Gobierno Nacional inclina la cancha en contra de la producción nacional: la competencia que promete no es de igual a igual y con las mismas reglas de juego”, advirtió Epyca.