Se trata de una normativa que obliga a los trabajadores estatales a discutir subas salariales dentro de los presupuestos de cada dependencia.
El Gobierno nacional resolvió prorrogar por un año la vigencia de la Decisión Administrativa 28/2024, establecida en febrero del año pasado, a través de la publicación de la Decisión Administrativa 1/2025 en el Boletín Oficial. De esta manera, se mantiene el ajuste sobre el Estado con el foco en el equilibrio de las cuentas públicas.
De esta manera, este instrumento jurídico dispone que los aumentos salariales de los empleados del sector público deben negociarse exclusivamente dentro de los parámetros presupuestarios de cada dependencia estatal. De esta manera, se condicionan las actualizaciones salariales al cumplimiento estricto del marco financiero aprobado en el presupuesto nacional, el cual será el mismo que en 2023 luego de que el Gobierno lo volviera a prorrogar.
El documento oficial, firmado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, establece que la medida busca garantizar la “equidad salarial” y mantener la “homogeneidad en la negociación de salarios” a lo largo del año fiscal 2025. Según se argumenta en el texto, estas directrices permiten optimizar los recursos del Estado y seguir avanzando hacia el equilibrio fiscal.
Tal como se mencionó en el decreto prorrogado, la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público continuará desempeñando un papel central en la evaluación y análisis de las condiciones salariales para garantizar un enfoque coordinado en las negociaciones colectivas.
La normativa subraya que las jurisdicciones y organismos descentralizados, así como las empresas y sociedades del Estado, están obligados a negociar los incrementos salariales únicamente dentro de las previsiones presupuestarias vigentes. De igual forma, se enfatiza que cualquier actualización en las retribuciones del personal debe estar sujeta a la aprobación previa de los órganos competentes en la materia, incluyendo la Comisión Técnica Asesora mencionada. Además, se recuerda que las convenciones colectivas deben respetar los procedimientos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo y otros marcos legales aplicables.
El Gobierno justificó esta extensión con el objetivo de continuar por el camino iniciado en 2024, en el que se implementaron medidas destinadas a reducir el gasto público sin comprometer el funcionamiento eficiente del Estado. En palabras de los funcionarios, “las medidas implementadas marcaron un camino de reducción del gasto público” y deben mantenerse para consolidar los avances logrados.
De esta forma, la prórroga permite que se sigan aplicando criterios uniformes en las negociaciones colectivas, evitando disparidades salariales entre las distintas áreas del sector público.
El Gobierno se prepara para discutir las paritarias con los estatales
Antes de que finalice el 2024, el Ejecutivo convocó a los gremios de trabajadores estatales para intentar acordar las paritarias para el 2025. Sin embargo, no hubo acuerdo y se espera que en la segunda quincena de enero vuelvan a encontrarse.
Desde el lado sindical expresaron que la Casa Rosada mantiene su estrategia de retardar los incrementos, porque de esa manera podrá “seguir ajustando los salarios” y afirman que no hubo ninguna oferta concreta. Por ese motivo decidieron “aceptar el cuarto intermedio con el único propósito de que esta instancia se mantenga abierta y, por lo tanto, cualquier posible aumento impacte con los haberes de enero”.
La convocatoria de la Secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero, según uno de los sindicatos involucrados, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se realizó “de forma tardía”.
Desde ATE sostienen que desde la llegada de Javier Milei al poder, la pérdida del poder adquisitivo fue del 40%, calculado en base a la inflación acumulada (112% en noviembre) y de los acuerdos salariales (73% al mismo mes). En el oficialismo, con la inflación a la baja -2,4% fue el índice de noviembre que difundió el INDEC-, pretenden que los aumentos sean inferiores a ese número.
En ese gremio insisten en que “vamos a seguir exigiendo una suma fija que permita recuperar los salarios más bajos de la administración pública y compense de esta manera todo lo perdido durante el 2024″. Aseguran que los retrasos salariales más significativos se dan entre el personal civil de las Fuerzas Armadas, el SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público) y el personal de Salud.
La discusión se producirá en medio de la incertidumbre de los trabajadores del sector ya que el 31 de diciembre se vmás de 57 mil contratos dentro del Estado y no se sabe todavía cuántos serán discontinuados. Desde diciembre, la planta estatal se redujo en más de 35 mil personas, de acuerdo a los números oficiales.
