Tras la falta de acuerdo con gremios y empresas, el Poder Ejecutivo avanzó y decretó una suba aproximada del 30 por ciento.
Este miércoles a la madrugada, el Gobierno Nacional oficializó la fijación del piso de la remuneración mínima para los meses de febrero y marzo, por medio de la publicación de la Resolución 4/2024 en el Boletín Oficial.
De esta manera, el secretario de Trabajo, Omar Nills Yasin, estableció que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) pasará a ser de $180.000 desde el 1° de febrero de 2024, para todos los trabajadores que cumplieran con una jornada completa de trabajo y recibieran un pago de tipo mensual. Asimismo, para los empleados jornalizados el monto que recibirán por cada hora trabajada será de $900.
No obstante, a partir del 1° de marzo la suma total del SMVM ascenderá a $202.800, para los empleados mensualizados. En paralelo, las personas que sean remuneradas por cada hora de trabajo cumplida pasarán a percibir una remuneración mínima de $1.014.
Por otro lado, remarcaron que el monto total que fue fijado no incluirán los pagos correspondientes a las asignaciones familiares que los beneficiarios pudieran recibir.
En este contexto, elministro de Economía, Luis Caputo aseguró este lunes en una entrevista que en febrero la inflación se ubicará “más cerca de 10% que de 20%”, lo que marcaría una desaceleración respecto al 20,6% que registró el Indec para el primer mes del año.
“No se ha logrado que las partes se pongan de acuerdo por la discusión por el salario, mínimo vital y móvil. El Gobierno debe laudar entre las partes y fijar un salario mínimo. El mismo quedó fijado para febrero en 180.000 pesos, y en marzo en 202.800 pesos”, dijo el martes por la mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni.
En las consideraciones, el Gobierno señaló que “la representación de los trabajadores realizó una propuesta relativa al monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil, no habiendo consenso al respecto”. Esto se da, tras la falta de acuerdo entre gremios y empresas el jueves pasado corresponde a la Secretaría de Trabajo. La CGT había reclamado un incremento de 85% en el piso de remuneraciones.
El salario mínimo es fijado en negociaciones entre cámaras y sindicatos, aunque en esta ocasión el Poder Ejecutivo fue el encargado de decidirlo ante la falta de consenso. Surge de la Constitución Nacional y, entre otras cosas, pone un piso a los montos de los contratos laborales y cifras a montos inembargables, entre otras variables.
Además, las jubilaciones y la AUH tendrán un aumento similar producto de la fórmula automática que se aplicará en los cálculos de los pagos de marzo, ya que sirve como referencia para el valor de otras prestaciones, como algunos programas sociales y, en algunos casos, el valor de la cuota alimentaria para padres separados.
Por ejemplo, los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo cobran el equivalente al 50% del SMVM, mientras que en otros casos sirve como tope para determinar el derecho o no a cobrar el beneficio, como el caso de las Becas Progresar, del que quedan excluidos los estudiantes cuyas familias tengan ingresos por más de 3 salarios mínimos.
El Gobierno no acordó con gremios por el salario mínimo, vital y móvil
Ni gremios ni empresas lograron consensuar un aumento en el salario mínimo, vital y móvil que establecerá un nuevo piso de remuneraciones laborales. Por este motivo, y debido a la falta de acuerdo, la Secretaría de Trabajo se vio obligada a determinarlo a través de un decreto.
En la reunión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil que se realizó de manera virtual el jueves pasado participaron autoridades de la cartera laboral que dirigeOmar Yasín, representantes de cámaras como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y dirigentes gremiales que pertenecen a la CGT y las dos CTA. Cerca de las 19:30 de aquel día, fuentes oficiales confirmaron a este medio que no hubo acuerdo y que la organismo estatal laudaría a través de una resolución una cifra nueva a partir de febrero. La CGT, por caso, reclamaba un incremento desde $156.000 hasta $288.600.
“Rompiendo una larga tradición de diálogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del Consejo del Salario en nuestro país, el gobierno impidió el normal desarrollo de la reunión con el único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo”, sentenció la CGT en un comunicado.
“El Gobierno evitó por todos los medios posibles que la reunión se desarrollara con normalidad, los empresarios encabezados por la Unión Industrial Argentina fueron complacientes con esa estrategia y no formularon ninguna propuesta. Los mismos empresarios que en la OIT defienden el diálogo social y los consensos colectivos como herramienta fundamental para el desarrollo económico y social del país, hoy borraron con los hechos lo que pregonan con palabras en los foros internacionales”, cuestionaron desde la central obrera. “La irresponsabilidad social puesta de manifiesto hoy por la Secretaría de Trabajo no hace más que confirmar la absoluta ajenidad del Gobierno frente al drama social que atraviesan los argentinos”, concluyeron.
En términos prácticos, la actualización del piso remunerativo tiene mayor influencia en el gasto del propio Estado que en el mercado laboral privado, pues hay varias prestaciones sociales que otorga el Poder Ejecutivo atadas al valor del salario mínimo, mientras que la mayoría de los convenios colectivos de trabajo ya tienen salarios que superan el SMVM.
Por otro lado, el salario mínimo sirve como tope para otros programas administrados por Anses. Es el caso de las Becas Progresar. De la misma manera, la reglamentación establece que para acceder al subsidio, el grupo familiar del solicitante no debe superar los tres pisos remunerativos.
Un cambio en el salario mínimo también impacta en parte del sistema previsional como, por ejemplo, las jubilaciones de personas que completen los 30 años de aportes: sus haberes deberán ser como mínimo equivalentes al 82% del salario mínimo, vital y móvil.
El gasto social forma parte de las erogaciones que Caputo busca recortar en el marco de su plan de ajuste fiscal para llegar este año al déficit cero. La parte que corresponde a programas sociales -principalmente el Potenciar Trabajo- implicaría según la hoja de ruta del Palacio de Hacienda, unos 0,4% del PBI, que equivalen a $750.000 millones.
