Se trata de las compañías que quedaron sujetas a pasar a manos privadas gracias a la sanción de la Ley Bases.
El Gobierno de Javier Milei tiene definido un plan específico de privatización para cada una de las ocho empresas públicas que quedaron sujetas a este proceso tras la sanción de la Ley Bases. Las compañías en cuestión son: Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales.
La principal premisa del Ejecutivo es lograr “el mejor precio posible para evitar objeciones futuras en las operaciones”, según informaron fuentes oficiales involucradas en los procesos. La gestión y definición de las estrategias de privatización de estas empresas está a cargo de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Desde el Gobierno, se descarta la idea de una privatización apresurada. Aunque algunos procesos podrían cerrarse este año, se prevé que todos los pasos previos estén finalizados antes de noviembre, cuando se debe presentar al Fondo Monetario Internacional (FMI) una hoja de ruta concreta.
El proceso de privatización depende de varios pasos clave: la Ley Bases como marco jurídico, un decreto del Poder Ejecutivo que autorice las privatizaciones, la presentación de informes detallados, los pliegos de los concursos y, finalmente, la venta de las empresas. Hasta ahora, cuatro compañías han avanzado solo hasta el segundo paso: Enarsa, Intercargo, Corredores Viales y Belgrano Cargas.
Las opciones para llevar adelante estas privatizaciones incluyen tres modelos, que podrían aplicarse de forma individual o simultánea: primero, la venta de acciones a través de concursos públicos, abiertos tanto a oferentes locales como internacionales, en un esquema similar al de fusiones y adquisiciones; segundo, realizar una Oferta Pública de Venta (OPV) en la Bolsa; y tercero, concesionar las actividades de la empresa para finalmente dar de baja su CUIT, es decir, cerrarla.
Un funcionario que prefirió mantenerse en el anonimato expresó: “Con Milei, el mundo ha vuelto a interesarse en Argentina. Si la macroeconomía sigue ordenada, mantenemos el rumbo y obtenemos buenos resultados electorales, las inversiones llegarán”.
En tanto, en el Gobierno también resaltan que no hay intenciones de desmantelar empresas estratégicas y que las ventas no tendrán efecto en los empleados de las compañías, al menos en un inicio. El caso que más destacan es el de IMPSA, firma estratégica por sus soluciones integrales en la generación de energía y primera privatización de la era Milei, en donde una empresa estadounidense se hizo cargo de las deudas y se comprometió a inyectar inversiones en los próximos años.
Según reconstruyó con fuentes oficiales, la privatización de cada empresa se realizará bajo los siguientes mecanismos:
- Enarsa: La empresa se dividirá en 15 unidades de negocio, y se definirá el modelo de privatización para cada una. Las acciones de Citelec, controladora de Transener, serán vendidas a través de un concurso público nacional e internacional como un primer paso.
- Intercargo: Concurso público nacional e internacional.
- AySA: La mayor parte de las acciones se venderán mediante concurso, mientras que una pequeña parte se subastará en la Bolsa.
- Belgrano Cargas: Se licitarán las operaciones y el mantenimiento de las vías, con un sistema de peajes. También se venderán los rodados, y se buscará la incorporación de nuevos jugadores. Posteriormente, se dará de baja el CUIT y se cerrará la empresa.
- SOFSA: Licitación de los servicios que presta Trenes Argentinos, manteniendo cierto control estatal.
- Corredores Viales: Concesión de los tramos y posterior cierre de la empresa.
- Nucleoeléctrica Argentina: Concurso para la venta de hasta el 49% de las acciones.
- Yacimientos Carboníferos Río Turbio: Aunque esta es la empresa que presenta más dificultades para su privatización, se planea venderla a través de un concurso, buscando un operador que se haga cargo de su gestión.
Milei, por su parte, sigue firme en su postura de que “todo lo que pueda estar en manos del sector privado, se venderá”. Esto incluye las empresas que quedaron fuera de la Ley Bases por el pedido de la oposición: Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y Correo Argentino. También se busca privatizar el Banco Nación, entidad a la que el Gobierno le quitó el monopolio de los sueldos de empleados públicos.
En 2024, el Tesoro Nacional gastó más de $4 billones para financiar el déficit de estas empresas, según cifras oficiales.
Desde el Gobierno consideran que es fundamental tener en cuenta los tiempos políticos y económicos. Por ello, la mayoría de las privatizaciones se llevará a cabo después de las elecciones, con la expectativa de que la estabilidad macroeconómica atraiga nuevas inversiones.
Los datos del Banco Central sobre la Inversión Extranjera Directa (IED) reflejan el impacto negativo de los controles de capital y la inestabilidad macroeconómica. En los últimos tres meses, la salida neta de IED fue histórica: USD 811 millones en diciembre, USD 270 millones en enero y USD 1.119 millones en febrero, con un total de USD 2.200 millones.
