Los acuerdos se encuentran en estado de revisión.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires se encuentra en la etapa de ajuste y revisión de contratos con cinco laboratorios con los que vienen negociando para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y en el segundo semestre podría conseguir el arribo de más dosis al país.
Los contratos que por estos días se estudian en la gobernación bonaerense son bastante similares entre sí. En ellos se detalla el monto de dosis por valor de unidad y se traza un período máximo de entrega. Un mecanismo semejante a los que ya acordó el gobierno nacional con las anteriores compras de vacunas, explicaron a Infobae fuentes que están al tanto de las negociaciones.
Luego de la promulgación de la ley que faculta al jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, y al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, a encabezar gestiones para la adquisición de vacunas, el Ejecutivo provincial consiguió la herramienta jurídica para adquirir vacunas, firmar contratos con cláusulas de confidencialidad en condiciones de indemnidad y efectuar las adecuaciones presupuestarias para ese fin. El proyecto tuvo un tratamiento veloz en la Legislatura porque la administración de Kicillof ya venía hablando con distintos laboratorios.
El año pasado, el Gobernador formó parte de la negociación con Rusia por la compra de la vacuna Sputnik V. En una de las videoconferencias que tuvo Alberto Fernández con el líder ruso, Vladimir Putín, Kicillof se sentó al lado del mandatario argentino.
Actualmente el gobierno bonaerense mantiene diálogo e intercambio de documentación con la compañía china CanSino Biologics, la farmacéutica alemana CureVac, el instituto Gamaleya que produce la Sputnik V; con el laboratorio Janssen, de Johnson & Johnson y con la estadounidense Moderna.
Hay expectativa para que en el mes de junio la CureVac dé a conocer los resultados de la fase 3 y se termine aprobado en Europa y entre en una fase de producción masiva. La cualidad de esta vacuna tiene que ver con la logística de traslado. Es una vacuna que se mantiene estable en una heladera común, lo que permitiría la distribución del fármaco a los rincones más golpeados del plantea sin mayores complicaciones.
En el medio de estas negociaciones formales hubo videoconferencias con varios interlocutores que sostenían tener vacunas para vender, como por ejemplo el intermediario que acercó el ex futbolista y actual director técnico, Matías Almeyda. De todas esas negociaciones,hasta el momento, ninguna llegó a buen puerto porque ofrecían dosis a un precio superior al que establecen los laboratorios que rigen en el mercado mundial o porque las documentaciones y garantías ofrecidas eran endebles.
Por ahora no está definido si las vacunas que pueda pactar el gobierno bonaerense serán financiadas con fondos nacionales o bien con partidas provinciales. Tanto Kicillof como Bianco o Gollan han repetido en distintas entrevistas que las dosis que se adquieran serán entregadas a la Nación para que se ocupe de la logística y distribución.En este aspecto, el gobierno bonaerense habla de una actitud “de equidad y solidaridad”. En la ley que la Legislatura le votó a Kicillof se faculta el ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense a realizar las adecuaciones presupuestarias en la negociación de dosis.
Se espera que las vacunas que pueda conseguir el gobierno provincial sean para población general y no objetivo. Sucede que los cálculos que hacen en la gestión bonaerense es que la vacunación a población objetiva -es decir personal de salud, docente, de seguridad y personas adultas mayores y con comorbilidades- queda cubiertas con el esquema que viene desarrollándose.
Según informó Kicillof, hasta este miércoles ya se aplicaron 3.498.155 de la primera dosis y 903.366 de la segunda. En el discriminado implica, el 95,4% de la franja del personal de salud que se anotó, (401.485 sobre 420.604); el 88,4% de las personas mayores de 60 años (2.303.115 de 2.604.774); el 65,9% de las personas de 50 a 59 años con comorbilidades (332.168 de 503.805); el 50,81% de personal docente y no docente (232.211 de 457.002) y el 33% del personal de seguridad inscripto (44.294 de 132.698).