Los empleados serán recontratados y continuarán prestando servicios.
Finalmente, el gobierno porteño firmó este miércoles el acuerdo con el Sindicato de Camioneros que permitirá superar el conflicto con Hugo y Pablo Moyano por la estatización del sistema de acarreo en la Ciudad de Buenos Aires: desde el 1° de octubre, los 500 trabajadores que realizaban los trabajos de grúas para las empresas Dakota y BRD pasarán a la órbita de SBASE, una sociedad del Estado porteño que administra los subtes, donde mantendrán el convenio de Camioneros hasta que pasen a la empresa que gane la licitación para encargarse de este servicio.
El sindicato amagó con declararle la guerra al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por “querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89″, pero las tratativas que mantuvieron con los sindicalistas la secretaria de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, Manuela López Menéndez, y el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Jarvis, terminaron con un entendimiento firmado por ambas partes.
La paz alcanzada tendrá un costo adicional: cada uno de los 500 empleados cobrará una indemnización de 4 millones de pesos en concepto de la llamada “Ley Moyano”, una modalidad que no está contemplada en la legislación, pero que el Sindicato de Camioneros viene consiguiendo desde 1998 sobre la base de su poder de fuego: que una empresa que ganó una concesión de servicios o que cambió de accionistas despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.
El acuerdo fue rubricado hace 24 horas por el secretario Gremial del Sindicato de Camioneros, Marcelo Aparicio, y los funcionarios porteños López Menéndez y Jarvis, y este jueves también será firmado por Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de Capital y provincia de Buenos Aires.
Esta polémica concesión a los Moyano, según temen en el larretismo, podría originar roces con socios de Juntos por el Cambio como Elisa Carrió, quien había cuestionado la prórroga de los contratos existentes con Dakota y BRD porque las empresas habían cumplido “21 años de servicio irregular”. En Uspallata preocupa la posibilidad de que la fundadora de la Coalición Cívica critique el acuerdo con los Moyano, que implicará pagar 2000 millones de pesos para indemnizar al personal de las empresas que fueron estatizadas. Lo mismo, se sospecha, podrían hacer los “halcones” de la oposición.
Una investigación publicada en julio pasada , realizada por Iván Ruiz, Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli, reveló que Dakota y BRD tenían la concesión vencida hacía 20 años y sólo pagaban $55.000 de canon mensual, aunque recaudaban millones de pesos por día.
La Coalición Cívica estaba dispuesta a sumarse en la Legislatura porteña a 28 diputados opositores del llamado “frente antigrúas” que impulsaban una sesión especial para suspender el sistema de acarreo. Por eso finalmente el gobierno porteño dispuso la estatización del servicio y esa decisión derivó en el conflicto con el Sindicato de Camioneros por el destino de los 500 trabajadores.
Hubo semanas de intensas negociaciones, signadas por la amenaza moyanista de movilizar a sus afiliados ante la Legislatura para protestar porque los empleados del acarreo iban a quedar en un limbo legal. Ahora, según el acuerdo alcanzado, la operación del servicio de grúas será de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) hasta que se sepa quién ganó la licitación, pero los empleados dependerán de SBASE con el mismo salario, adicionales y condiciones de trabajo.
La “ley Moyano” comenzó a tomar forma en 1998 cuando finalizó la concesión de Manliba, empresa del Grupo SOCMA, perteneciente a la familia Macri, para la recolección de residuos en la Capital Federal y, de acuerdo con el Sindicato de Camioneros, los empleados de aquella firma terminaron desempeñándose en otras empresas o con otras condiciones de trabajo.
El tema siguió pendiente hasta que Mauricio Macri, cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad y tenía aspiraciones de un proyecto político propio, impulsó en la Legislatura porteña en 2012 la aprobación de un bono por 220 millones de pesos para pagarles la indemnización a los recolectores de residuos por cada cambio de concesión desde que se había ido Manliba.
Desde entonces, la “ley Moyano” se impuso en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante nuevas concesiones de recolección de basura (entre ambas involucraban a 700 trabajadores), en una distribuidora de la cervecería Quilmes (81 empleados) y en filiales locales de empresas internacionales como DHL (donde 75 personas pasaron a Exo Logística) y FedEx (que absorbió a 100 trabajadores de TNT Argentina y les pagó la antigüedad y el 100% de las indemnizaciones en una cuota).
Uno de sus últimos antecedentes se registró en marzo de 2021, cuando la cadena de supermercados Walmart fue adquirida por el Grupo Narváez y Camioneros bloqueó un depósito de la empresa para se aceptara su exigencia de echar a 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, pagarles la doble indemnización que regía en ese momento y volver a emplearlos. La compañía de Francisco de Narváez se negaba de manera terminante porque argumentaban que sólo hubo cambio de accionistas, con el mismo CUIT, y no podían “negociar algo que no está previsto en la ley”. Las protestas resueltas por los Moyano ponían en peligro 10.000 puestos de trabajo.
Los Moyano decidieron el trabajo a reglamento, el bloqueo de camiones a las sucursales y la presión a camioneros para que no lleven productos a la cadena, algo que generó faltantes y desabastecimiento en muchos casos. Walmart definió la exigencia sindical como “una práctica ilegítima, no prevista por ningún marco legal vigente, ni con la forma en que desarrollamos nuestra actividad en el país”.
Luego de momentos de tensión entre la empresa y el sindicato, el Grupo Narváez acordó con Camioneros en mayo de 2021no aplicar la polémica “ley Moyano”, pero sí abonar por única vez a 477 trabajadores una “gratificación extraordinaria no remunerativa”, que consistió en una suma “no acumulable ni compensable” en hasta 5 cuotas. pago fue de entre $115.000 y $1 millón según la antigüedad. En total, la cadena desembolsó 227.576.922 millones de pesos para resolver el conflicto.
Ahora, en medio de la interna del PRO entre “halcones” y “palomas” y del “control ético” que mantiene Carrió sobre la prestación del servicio de grúas, puede haber cuestionamientos en JxC al pago de Rodríguez Larreta a los Moyano de unos 2000 millones de pesos para indemnizar a los 500 trabajadores de las grúas. La solución al conflicto, paradójicamente, puede ser un problema.
