La idea de suplantar el proceso democrático por un gobierno encarnado por las Fuerzas Armadas germinaba en el Ejército y la Armada desde mediados de 1975.
Los historiadores suelen hurgar en el pasado buscando el día y la hora en que se tomó la decisión de deponer a la viuda de Juan Domingo Perón. En el Ejército la idea fue madurando con el paso de las semanas tras la asunción, en agosto de 1975, de Jorge Rafael Videla como comandante en Jefe. Ya en esa época el mundo político, económico y castrense tenía una visión crítica de la situación política y económica, y mantenía opiniones muy severas hacia la presidenta constitucional y su gobierno. En el Ejército se tomó la decisión de preparar una carpeta del golpe con lineamientos generales: un plan líquido para actuar en cualquier situación de emergencia política que se produjera, un juego en la mesa de arena, para ser utilizado sin fecha. El pedido del trabajo se realizó en octubre cuando se conoció que era irreversible el retorno de Isabel a la Casa Rosada desde su descanso en Ascochinga, Córdoba. Al margen de las carpetas “políticas”, en un marco estrictamente castrense, se confeccionaba un entretejido de directivas destinadas a llevar adelante una represalia mayúscula contra la subversión. Era un gran secreto, algo que no podían confiar a sus aliados civiles. Nadie pudo imaginar lo que se estaba tramando.
Años más tarde, el ex presidente Raúl Alfonsín (que al igual que Ricardo Balbín reclamó el fin de la “agonía”) declaró que pensaba que la respuesta militar a la subversión no sería tan brutal. Que iba a ser una “dictablanda” como la de Alejandro Agustín Lanusse. Imposible. Para 1975, no existía, ni existiría, una Cámara Federal Penal (El Camarón) porque había sido disuelta en 1973 y sus jueces, secretarios y fiscales perseguidos. Alguno (Jorge Vicente Quiroga) asesinado por el ERP-22 (uno de sus asesinos se pasea libremente por la calle); otros jueces marcharon al exilio (Jaime Smart y Ernesto Ure, por ejemplos) y Munilla Lacasa salió indemne de un atentado. Era difícil dimensionar la profundidad del odio que sobrevolaba entre los militares: eran víctimas de asaltos a sus guarniciones; asesinatos a sus oficiales -y esposas- en la calle y en combate; secuestros seguidos de muerte. La sociedad civil tampoco se salvó de los crímenes. El vespertino “La Tarde”, usina del golpe, dirigido por Héctor Timerman (años más tarde canciller de Cristina Fernández de Kirchner) anunciaba en su tapa del 22 de marzo de 1976: “Un record que duele: cada cinco horas asesinan a un argentino”.
Se escribían propuestas de gobierno de todo tipo y color político. El escritor Claudio Uriarte contó en “Almirante Cero” que “la Armada empezó a planificar a fines de octubre o principios de noviembre de 1975, cómo tenía que ser el gobierno militar próximo, cuando se terminara de caer toda la estantería. Con el convencimiento de que no podía volver a ocurrir lo de siempre (que lo manejara nada más que el Ejército), la Armada comenzó a redactar el famoso Estatuto donde ponía una serie de limitaciones. Por ejemplo, se creaba una Junta Militar por encima del Presidente que tenía que cumplir las órdenes de la Junta.”
En ese tiempo –de gran confusión y caos—varios civiles, con acceso a un alto militar, tenían una “carpetita” debajo del brazo. Entre los retazos del archivo del general Albano Harguindeguy, segundo comandante del Cuerpo I y en enero de 1976 jefe de la Policía Federal, se encontraban varios de esos trabajos, en una carpeta titulada “Propuestas para una acción de gobierno”. Uno de estos, con fecha 10 de febrero de 1975, comienza diciendo que “el país ha llegado, en su proceso de descomposición general continuamente acelerado, a una situación límite de la que no podrá recuperarse siguiendo lo que cabría llamar el orden natural de las cosas (y) no queda ya sino el recurso de la fuerza, con desplazamiento de las autoridades constituidas y del sistema de que son parte.” El trabajo tiene como objetivo final “remover las causas profundas de la decadencia argentina, reencauzar al país y colocarlo en condiciones de volver a gobernarse a sí mismo razonadamente, tan pronto como ello sea posible” (a estas últimas palabras sobre el tiempo de duración el alto jefe militar, a lápiz, agregó “?”.
Otro texto del 15 de enero de 1975, traza una crítica mirada del reciente pasado nacional y sostiene que “la solución argentina del 11 de marzo (1973) fue apenas una salida que llevaba en sus entrañas el caos… la elección de Cámpora era en realidad una elección de Perón. Cámpora no tenía nada: ni partido, ni votos, ni prestigio, ni autoridad, ni aptitud. El gobierno (de Lanusse) que vetó la candidatura (de Perón) y oficializó la de aquél se engaño a sí mismo. O hizo como si se engañara. La solución del 11 de marzo, en suma, perfeccionada el 23 de septiembre (con la elección de Perón), no consistió, de ningún modo, en el retorno al régimen de la Constitución.” Más adelante se refiere a “la tendencia totalitaria” del gobierno; el “descontrol del gasto público”; el “maltrato al campo”, “el manejo de la economía, el intervencionismo y la intervención de las Fuerzas Armadas.” A diferencia de otros trabajos –teniendo en cuenta la fecha del trabajo— considera la “bordaberrización” del gobierno. Lo afirma así: “Mantener en la Presidencia de la República a su actual titular, si se aviene al plan, o bien –por su renuncia o destitución—instalar en ella a quien debe reemplazarla según la Ley de Acefalia o a quien designe el Congreso”. El gobernante “actuará en todo caso bajo el control y las directivas de las Fuerzas Armadas.” En otra página, el autor plantea como condición que “las Fuerzas Armadas deben estar seguras de su unidad de criterio y de su capacidad para la unidad de acción.” En lápiz, Harguindeguy anotó: “Aprecio que no están dadas ni remotamente seguras” las FFAA.
Otro trabajo del 10 de agosto de 1975 lleva como título: “Apuntes para una acción de gobierno”, donde se sostiene que “el país atraviesa por la peor crisis de su historia” y considera que dicha crisis es “moral, política, económica y social”. En gran medida sus propuestas se inclinan por lo económico y los medios de comunicación.
Entre otras propuestas hay una que llama la atención bajo el pomposo título “la restauración nacional”. En sus 14 páginas se huele un claro sentido nacionalista-clerical (preconciliar) y aclara que el documento fue elaborado por “un oficial superior de las Fuerzas Armadas con el concurso inestimable de camaradas y civiles unidos en doctrina ante la necesidad imperiosa de la hora argentina”. Parecía clamar “la hora de la espada” de Leopoldo Lugones y hacía un claro hincapié en el peligro subversivo. Las soluciones que se proponen tienen “la humildad de no creernos todopoderosos pues el único Todopoderoso es Dios. Pero tener Fe en que todo lo podremos alcanzar si marchamos tomados de Su mano.”
A diferencia de otras carpetas esta versión aconseja “la intervención militar que por su misma naturaleza excluya compromisos con sectores políticos o grupos civiles de cualquier característica; no son necesarios ni convenientes en la primera etapa pues ningún interés personal o sectorial puede anteponerse al interés nacional.” Pregona: “Solamente la instauración de una dictadura, verdaderamente dura, ni tibia ni blanda, puede hoy, aquí y ahora, salvarnos. Si nosotros no la instauramos, asumimos y conducimos responsablemente, deberemos sufrir otra peor: la roja que está ya en aptitud de implantarse con la desgraciada complicidad de sus infiltrados en el sistema, en el régimen, en el gobierno o con sus prolegómenos de la patris socialista, metalúrgica o montonera.” Estima que puede darse un gran enfrentamiento en el momento de tomar el poder y “si la lucha para lograr el poder total, efectivo, en todo el territorio de la República se prolongase, los jefes militares de las tres FFAA que hubieren obtenido el dominio de partes del territorio nacional con tropas bajo se mando, se reunirán para elegir, entre ellos al Jefe de Gobierno…”.
En esta suerte de bombardeo que recibían los jefes militares de parte de diferentes grupos civiles hay otro que propugna “la hora de la Patria”, fechado en julio de 1975. Un trabajo que tampoco lleva firma, en el que se observa un claro interés en las cuestiones agrícolas ganaderas, las industrias extractivas y también se ocupa del negativo papel del sindicalismo. En el plano político acepta que todas las restauraciones institucionales llevadas desde 1930 a 1973 fracasaron. “Los partidos políticos están agotados, casi todos han desaparecido de hecho al cabo de un proceso de desintegración incontenible.” Considera que el peronismo y el radicalismo sobreviven y se los trata de “fantasmas”. Como era de esperar las FFAA “deberán asumir la responsabilidad de conducir el proceso de cambio.”
Al margen de estas propuestas, que no fueron consideradas, el 6 de noviembre de 1975 se realizó una reunión de altos mandos y Harguindeguy anotó que era la tercera reunión de generales desde la asunción de Videla como comandante general. La cumbre tuvo tres momentos: 1) Información ámbito específico (se entregó copia de un Memo realizado por personal de Inteligencia y Operaciones); 2) Situación político institucional; 3) Intercambio de opiniones. Videla expuso sobre la marcha del proceso y actitud. Seguimos de cerca la evolución (para) no ser sorprendido-valorarlo-decidir. Ello no es fácil. Agotar las instancias necesarias para (las) operaciones militares, mantener su vigencia, y puede ser ampliada, inclusive a la versión del objetivo, pero no podemos equivocarnos.
ACTITUD (de la) FUERZA: Cursos de acción posibles.
1-Mantener actitud (de) prescindencia política de la Fuerza.
2-Bordaberrización del proceso.
3-Alejamiento del Poder Ejecutivo (PE)-ante ello-un interinato de Luder para crear un poder real.
4-Renuncia – ley de acefalia – facilitar un poder real.
5-Tomar el poder por parte de las FF.AA., a la situación se le puede responder con algunos de estos cursos de acción (CA) básicos.
Variante 1. No innovar –grado de consideración ante Opinión Pública no se interfiere-mantener unidad y cohesión.
Variantes 2-3-4. Común intromisión de las FF.AA. en el ánimo de una solución política. No quebrar el orden institucional. Suerte de compromiso. Agotar (las) posibilidades de no cortar el proceso.
Variante 5. -Mayor avance – sin concertación – sin compromiso. Solo el gobierno. Máxima responsabilidad. No hay resolución tomada – solo en el momento está vigente el Curso Acción 1 – a criterio del Comandante General del Ejército (se decidirá) el más adecuado a aplicar.
Conclusiones: Inexistencia de poder real e ineficiencia para crearlo. Cuadro vicioso—c/u (de los) factores se neutralizan mutuamente. Ajenos (las) FF.AA. y OPM (organizaciones político militares). Ni siquiera el accionar de las FF.AA puede hacerle retornar su imagen. La adopción de una Resolución Política Militar — desde prescindencia hasta intervención total, aquí es el problema – es responsabilidad absoluta del CGE (Comandante General del Ejército) quien acepta el asesoramiento pero no delega. Poder formal carece de poder real. Ni aún con apoyo firme del PM (Poder militar) se podría salir a recomponer la imagen de poder. Otro destinatario para recrear ese poder dentro del marco institucional – pero no prescindencia y dejar que el juego de las instituciones lo haga. Afectado el Poder Político –desprestigiado y allí debe darse la solución.
Consideraciones finales: Crisis en aumento. Proceder con serenidad y claridad. Reiteró (la) intención de seguir el proceso. Unidad es el seguro de la Nación. El Ejército no puede equivocarse. Derrotar la subversión – si para ello es necesario revisar el Objetivo no se trepidará en ello.
Tres hechos de características armadas paralizaron la cronología argentina de diciembre, aportando sus cuotas de dramatismo y conmoción. La guerra civil de la que hablaban unos y otros estaba en su momento culminante: 1) El 3 de diciembre son asesinados el general de brigada (R) Jorge Esteban Cáceres Monié y su esposa; 2) el 18 se produce una sublevación en el seno de la Fuerza Aérea y 3) el 23 es asaltado por el PRT-ERP el Batallón Depósito de Arsenales 601 “Domingo Viejobueno” en Monte Chingolo. En esos días, como avizorando lo inevitable, Ricardo Balbín comentó en un cónclave partidario: “Hay que airear la escena”.
Una semana más tarde, 24 de diciembre, con uniforme de combate, el teniente general Videla pronunció un discurso en Tucumán, sosteniendo: “El Ejército Argentino, con el justo derecho que le concede la cuota de sangre derramada de sus hijos, héroes y mártires, reclama con angustia pero también con firmeza una inmediata toma de conciencia para definir posiciones. La inmoralidad y la corrupción deben ser adecuadamente sancionadas. La especulación política e ideológica, deben dejar de ser medios utilizados por grupos de aventureros para lograr sus fines.” No está escrito en el texto pero las fuentes castrenses dejaron trascender que el Ejército daba un plazo de noventa días para solucionar los problemas. Ese mismo día fue declarado ilegal el Partido Auténtico, brazo político de Montoneros.
El lunes 29 de diciembre de 1975, el vicario castrense, monseñor Servando Tortolo visitó a Isabel Perón. Conversaron a solas. En la ocasión “le habría transmitido a la señora de Perón la insistencia de los tres comandantes en jefe para que ella se alejara del poder. A su vez, ella indicó su voluntad de cambiar su gabinete, liberarse de su secretario privado Julio González y del dirigente del sindicalismo Lorenzo Miguel, pero insistió en que debía seguir al mando del ejecutivo sin ninguna condición restrictiva. Los tres comandantes generales replicaron a través de Tortolo que su propia remoción del poder era el único punto no negociable”. (Informe Nº 08456 de la embajada de los Estados Unidos).
Un simple dato revela el clima de inestabilidad que vivía la Argentina: desde el 1º de julio de 1974, día en que asumió Isabel Perón, hasta el 24 de marzo de 1976, los gabinetes se sucedieron uno tras otro. Hasta el 24 de marzo de 1976, pasaron por el ministerio de Economía José Ber Gelbard, Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodrigo, Pedro Bonani, Antonio Cafiero y, por último, Emilio Mondelli. Tiempos sin ley, ningún día era similar al anterior. Todo se alteraba diariamente y la inflación aumentaba vertiginosamente. La situación interna era un “caldo de cultivo para el salvajismo”, dijo el domingo 11 de enero el “Buenos Aires Herald”. Mientras el sindicalismo discutía a través de todos los medios, en la intimidad dialogaban con los militares. Hacían lo mismo que los dirigentes políticos. Nadie quería quedarse a la intemperie de lo que iba a venir. Así lo relató el embajador Hill al Departamento de Estado: “Funcionarios de la Embajada en Buenos Aires han sido tanteados por líderes sindicales que buscaban saber cuál sería la reacción de USA ante la posibilidad de un golpe militar. El descontento de los sindicalistas con la Presidente está al borde de la ruptura tal vez pronto, a menos que la Sra.de Perón restablezca su influencia. Mientras que los sindicatos podrían sentirse obligados a montar una “oposición” al golpe, probablemente apoyarían a los militares en defensa del sindicalismo. La respuesta de la embajada a todos los sondeos ha sido que la forma de gobierno de Argentina es un asunto absolutamente interno.”
Bajo siete llaves surge un documento desconocido al que los americanos no accedieron. En diciembre de 1975, el Secretario General del Ejército, general de brigada Carlos Dalla Tea, recibió la orden de “ir hablando” con los líderes de los principales gremios del país. ¿Por qué Dalla Tea? Como coronel había sido Agregado Militar en España y había trabajado en la devolución del cadáver de Eva Perón y mantuvo una estrecha relación con Juan Domingo Perón. Luego, desempeño varios cargos que lo llevaron a establecer múltiples relaciones. Fue jefe de Inteligencia del Ejército, director de la Gendarmería Nacional y en ese momento era Secretario General de su Fuerza. Y, como detalle, en su paso por el Liceo Militar “General San Martín” había sido compañero de Raúl Alfonsín. Lo mismo que Albano Harguindeguy. En los encuentros se analizó la situación del país y otras generalidades. Durante esos diálogos, la dirigencia “pedía” a los militares, acabar con el terrorismo. Una pregunta sobrevolaba los encuentros reservados: Si el golpe sucedía ¿Iba a haber colaboración de los sindicatos? En febrero de 1976, la reunión volvió a repetirse y esta vez fue más dura y con mayores precisiones: Al sindicato que no colaboraba lo intervendrían. Al que se le encontraran armas lo intervendrían. El único sindicato que no fue intervenido fue el de Seguros.
Pocas semanas antes del golpe en Chile (11 de septiembre de 1973), el ex candidato a presidente y dirigente de la Democracia Cristiana, Radomiro Tomic, pronunció una sentencia frente al drama que se avecinaba en su país. Esas mismas palabras, son, en este caso, adaptables para la Argentina de enero-marzo de 1976: “Sería injusto negar que la responsabilidad de algunos es mayor que la de otros, pero, unos más y otros menos, entre todos estamos empujando a la democracia chilena al matadero. Como en las tragedias del teatro griego, todos saben lo que va a ocurrir, todos dicen no querer que ocurra, pero cada cual hace precisamente lo necesario para que suceda la desgracia que pretende evitar”.