Lo hizo a través del Decreto 123/2021, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
En medio de los múltiples casos de mujeres asesinadas por hombres, que siguen ocurriendo casi a diario en la Argentina, el Gobierno confirmó este lunes la creación del Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, que buscará mejorar los mecanismos estatales para prevenir la violencia de género. Lo hizo a través del Decreto 123/2021, publicado en el Boletín Oficial.
El documento lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de las ministras de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Justicia, Marcela Losardo, y de Seguridad, Sabina Frederic.
Este organismo tendrá como objetivo garantizar “un abordaje integral, eficaz y articulado por parte de los distintos organismos involucrados del Estado Nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación” ante este tipo de hechos y “de otras violencias extremas”.
Estará integrado, inicialmente, por las titulares de todos los Ministerios mencionados, “quienes dictarán el Reglamento interno de funcionamiento”, aunque, posteriormente, se incorporarán también las autoridades las mismas carteras que funcionen en los ámbitos de las jurisdicciones que hayan aceptado adherir a este Consejo.
Entre sus funciones, está la de “elaborar en forma conjunta los lineamientos para una política federal integral y unificada de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios”, así como también “estándares, herramientas de gestión, protocolos, guías y criterios rectores generales de actuación teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio”.
Además, deberá “unificar los sistemas de registro y gestión de la información”; ”promover mecanismos y circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión” de este tipo de casos; promover “la coordinación de acciones entre los organismos judiciales, de seguridad y las áreas de género con competencia en la materia a nivel nacional y local”, y “recomendar la elaboración y aprobación de normas que contribuyan con los objetivos propuestos”.
También estará a cargo de “promover el fortalecimiento de los dispositivos locales de asistencia integral” y de impulsar, en cada provincia, la organización de mesas de trabajo “con participación de los gobiernos locales, integrantes del poder judicial y ministerios públicos con competencia en cada jurisdicción, referentes de la sociedad civil, asociaciones de apoyo a las personas en situación de violencia y expertos y expertas en la materia”.
Por último, el Consejo también tendrá que “redactar y elevar un informe anual de las acciones que se tomaron en las distintas provincias y en el ámbito nacional”, el cual luego “deberá ser enviado al Congreso de la Nación”.
La Coordinación Ejecutiva convocará a los miembros del organismo, “como mínimo, una vez cada 6 meses y, como modalidad de funcionamiento, adoptará un esquema de trabajo por regiones que facilite el intercambio entre sus integrantes y permita elaborar estrategias acordes a las características de las distintas provincias y de la Ciudad”.
Por otra parte, se pondrá a disposición de las autoridades de cada jurisdicción “un sistema de indicadores de riesgo unificado y materiales de consulta y capacitación técnica en la materia”.
Asimismo, el Gobierno les recomendó a todas las provincias que se sumen a esta iniciativa tomar algunas decisiones como “jerarquizar y fortalecer las áreas de género” y “generar mecanismos que faciliten la realización de denuncias administrativas ante casos de violencias por motivos de género que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad”.
Además, aconsejó impulsar acciones para “garantizar que en los establecimientos de salud se cuente con equipos interdisciplinarios que aseguren un adecuado abordaje” de las mujeres que son agredidas por hombres, incluyendo un “registro de las intervenciones sanitarias vinculadas a estas situaciones”.
La creación de un organismo de estas características había sido anticipada a mediados de este mes por el propio presidente Alberto Fernández en sus redes sociales, en medio de la conmoción social por dos femicidios que se conocían en ese momento: el de la joven Úrsula Bahillo, de 18 años, que fue apuñalada por el policía Matías Martínez en la localidad bonaerense de Rojas, y el de Vanesa Carreño, de 29 años, que fue asesinada delante de sus hijos en Marcos Paz por su ex pareja, Carlos Soruco Fernández.
“Para poner fin a estos hechos aberrantes necesitamos llevar adelante estrategias coordinadas entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios de la Argentina, que ayuden a prevenir e identificar situaciones de riesgo y garantizar un Estado que responda con celeridad”, consideró el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.
Días antes, el mandatario ya se había referido al crimen de Úrsula. En unas breves declaraciones a la cuenta en Instagram de la agrupación Militancia Feminista, fue consultado al respecto, y respondió: “Tremendo. Eso hay que terminarlo de una vez por todas en Argentina. Hay que ser inflexibles con los autores de esto”.
Entre los considerandos del Decreto publicado este lunes, el Gobierno señaló que, de acuerdo con un informe de la Corte Suprema de Justicia, durante el año 2019 se contabilizaron en el país 268 homicidios por violencia de género, de los cuales 252 fueron víctimas directas de femicidio, las que incluyen 5 travesticidios o transfemicidios y 16 por femicidio vinculado.
Asimismo, remarcó que, si bien aún no hay cifras oficiales, “se estima que los casos de violencia extrema por motivos de género habrían aumentado debido a las condiciones propiciadas por el contexto de aislamiento preventivo que requería enfrentar en forma eficaz la pandemia declarada en relación con la COVID-19″.
“Resulta necesario implementar lineamientos rectores a nivel federal que unifiquen las intervenciones en materia de prevención, asistencia, investigación, sanción y reparación, que sean acordes a la complejidad y gravedad que presentan los femicidios, travesticidios, transfemicidios y otros tipos de violencias extremas por motivos de género”, sostuvieron las autoridades nacionales.