El Ministerio de Salud y la empresa china negocian la letra chica de un contrato que al principio permitirá suplir una mínima parte de las vacunas rusas que debían llegar en febrero a Buenos Aires.
Es un secreto de Estado que podría revelarse en las próximas horas: Alberto Fernández está a un paso de lograr un acuerdo con Xi Jinping por la provisión de 30 millones de dosis de la vacuna china contra el COVID-19. Es una noticia formidable para la Casa Rosada que ayer descartó un acuerdo comercial con la empresa farmacéutica Pfizer y aguardó sin resultado que el Kremlin confirmara cuando aterrizarán en Ezeiza las 20 millones de vacunas Sputnik V que prometió el Fondo Ruso de Inversión Directa.
Alberto Fernández ya logró que Xi bajara el precio de cada vacuna (30 dólares por unidad) y que haya una entrega urgente de un millón de dosis en febrero (dos dosis, una vacuna). Pero Sinopharm exige a Balcarce 50 que se abone cada uno de los cargamentos antes de su salida desde Beijing.
Hasta que Ginés González García no destrabe esa cláusula contractual, las vacunas chinas no llegarán a Ezeiza. Y eso podría ocurrir el próximo miércoles, si el CEO de Sinopharm no agrega otro condicionante al acuerdo comercial que se negocia contra reloj entre el Ministerio de Salud y la principal compañía farmacéutica del régimen comunista.
Desde una perspectiva científica y burocrática todo ya ha sido resuelto. Los análisis técnicos están en la ANMAT, y Aerolíneas Argentinas tiene alistada una hoja de ruta para viajar sin demoras a Beijing. Cuando el vuelo charter finalmente aterrice en Buenos Aires, Ginés González García tiene previsto comunicar que se concedió la autorización para aplicar la vacuna de Sinopharm.
La información reservada que maneja Alberto Fernández sobre las posibilidades de acordar con Sinopharm contrasta con la última comunicación que la cartera de Salud mantuvo con la empresa farmacéutica Pfizer. Ginés González García informó a Balcarce 50 que todo quedó postergado para otra oportunidad ante la imposibilidad de Pfizer de garantizar envíos sistemáticos y voluminosos de las vacunas que se aplican con éxito en los Estados Unidos e Israel.
Pfizer exigió un amplia cobertura legal para lograr inmunidad frente a una eventual responsabilidad jurídica por los daños físicos que podría causar la aplicación de su vacuna contra el COVID-19. El Gobierno envió una ley al Congreso y después presentó una secuencia de borradores normativos destinados a cumplir con los pedidos de la compañía farmacéutica y a su vez preservar la soberanía e independencia del estado nacional.
Después de todos estos gestos ordenados por Alberto Fernández, el Ministerio de Salud preguntó a los representantes de Pfizer en la Argentina cómo seguía la negociación para cerrar la compra de 3 millones de vacunas que debían llegar en el segundo trimestre de este año. La respuesta fue simple y directa: “No vamos a firmar nada por ahora. No tenemos vacunas para entregar. Eso es lo que pasa”, explicaron a Ginés González García.
La honestidad final de Pfizer pone en jaque al Fondo Ruso de Inversión Directa que se comprometió a proveer 20 millones de vacunas entre enero y febrero de 2021. Todos los días desde la Casa Rosada y el Ministerio de Salud se hace presión política para lograr que Moscú envíe un cronograma de entregas de Sputnik V.
Cecilia Nicolini, asesora presidencial, y Carla Vizzotti, secretaria de Salud, no están pidiendo las millones de dosis que se deben. Nicolini y Vizzotti solo exigen una hoja de ruta verosímil para saber cómo seguir con el Plan Nacional de Vacunación. Desde Moscú la respuesta es una larga evasiva que termina en una frase obvia. “Todavía no sabemos. Ya le vamos a informar. Aún tenemos problemas de producción”.
Si no hay un obstáculo de último momento, el contrato con China será anunciado antes que concluya esta semana. Y en este contexto, puede haber una ironía en la geopolítica: lo que no resolvió Vladimir Putin, lo haría Xi Jinping, su adversario silencioso en la periferia global.