Las autoridades nacionales buscan que los grandes contribuyentes puedan acceder también al régimen, pero deberán primero convencer a la oposición.
En el comienzo de una semana corta, el Gobierno vuelve a impulsar el proyecto para cambiar la ley de Inocencia Fiscal y permitir que los grandes contribuyentes también puedan adherir al régimen, con la esperanza de que las esquirlas del caso Manuel Adorni no enturbien las negociaciones.
Se trata de una de las tres medidas, junto a la reforma política y la normativa sobre Zonas Frías, que el presidente Javier Milei planteó días atrás como las primeras metas del oficialismo en esta nueva etapa tras el cambio de jefe de Gabinete.
El texto en cuestión ya está listo desde junio pasado y plantea una serie de modificaciones al sistema que el propio Poder Ejecutivo logró aprobar en el Congreso a finales del 2025.
Aunque ya fue reglamentada, la herramienta no generó el impacto que la Casa Rosada esperaba y es por eso que la cúpula libertaria decidió ampliar el universo de beneficiarios.
El nuevo proyecto, de hecho, fue consensuado con todos los colegios y agrupaciones de contadores del país, los cuales previamente habían cuestionado algunos aspectos de la ley original.
El cambio más importante que plantea ahora el Gobierno tiene que ver con quiénes pueden acceder al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, que actualmente es solo para aquellos que tienen ingresos menores a $1.000 millones al año y un patrimonio inferior a los $10.000 millones.
La iniciativa es para que también se permita la adhesión de grandes contribuyentes a esta modalidad, aunque con alcances restringidos en cuanto a los beneficios y presunciones fiscales.
El oficialismo deberá llevar ahora el tema al Congreso, como parte del primer paquete de propuestas tras la salida de Adorni del Ejecutivo.
El propio -ahora- ex jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, realizaron en mayo el trámite ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para inscribirse en el régimen de inocencia fiscal.
De esta forma, el entonces funcionario accedió a la posibilidad de declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente, sin sanciones penales ni antecedentes impositivos.
La decisión fue fuertemente cuestionada por la oposición debido a que el ministro coordinador en ese momento ya estaba siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Con Adorni afuera del Gobierno, las autoridades nacionales esperan que esa situación no sea un impedimento a la hora de tener que negociar con el resto de los bloques.
“A esta altura eso ya no está influyendo, por lo menos no en lo que respecta a la dinámica política”, sostuvo un integrante de la cúpula libertaria.
Por el momento, sin embargo, el proyecto no comenzó a ser discutido con los otros espacios parlamentarios y tampoco tiene el respaldo de las provincias, que no fueron consultadas sobre este asunto.
“No conozco qué es lo que quieren modificar y tampoco me vino a hablar nadie por ese tema“, explicó un gobernador aliado de la Casa Rosada, que esperará a ver el texto final antes de tomar una posición.
Aunque Milei ya lo planteó como una meta a corto plazo, el Ejecutivo aún no envió la iniciativa al recinto y aún no definió por qué Cámara entrará, aunque este medio pudo saber que la opción más segura por estas horas era que ingresara por Diputados.
De todas estas cuestiones conversará la mesa política en su siguiente reunión, todavía sin fecha confirmada. Si bien el próximo encuentro estaba previsto para el martes, finalmente se suspendió porque ese día, a las 13:00, la selección argentina juega contra Egipto por los octavos de final del Mundial.
Los especialistas en la materia están presionando para que las modificaciones se traten lo antes posible, teniendo en cuenta que el vencimiento para presentar la declaración jurada de Ganancias 2025 está previsto para fines de julio.
Es que, el retraso en la sanción de la nueva ley deja en suspenso a quienes evalúan adherir al régimen, por lo que los expertos advierten que la demora podría dejar contribuyentes fuera del sistema y desalentar a quienes buscan certezas antes de exteriorizar fondos.
Quienes opten por la modalidad simplificada deberán mantener la condición de residentes fiscales durante todo el período fiscal. Si ARCA detecta la pérdida de esta condición, podrá excluir al contribuyente del régimen y habilitar procesos de verificación, fiscalización, determinación de oficio y aplicación de sanciones. Esta disposición apunta a garantizar la integridad del sistema y la correcta aplicación de los beneficios del régimen.
Para los Grandes Contribuyentes Nacionales, la adhesión a la modalidad simplificada solo tendrá validez para la presentación de la declaración jurada y el pago correspondiente, sin acceso a otros efectos, presunciones o ventajas que ofrece el régimen para el resto de los pagadores de impuestos.
El proyecto también contempla la eximición de las multas previstas en los artículos 45 y 46 de la Ley N° 11.683 para quienes hayan cancelado o regularizado el tributo y los intereses antes de adherir al régimen, salvo que esas sanciones ya se encuentren firmes.
Además, la Unidad de Información Financiera (UIF) tendrá la obligación de dictar la normativa complementaria en un plazo de 15 días hábiles desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial.
