Libertarios analizan abrir la discusión de la ley en comisiones mañana. Javier Milei la vetaría en caso de ser sancionada.
El oficialismo senatorial definirá, en las próximas horas, si activa para mañana la discusión del proyecto sobre jubilaciones que aprobó semanas atrás Diputados y que Javier Milei dijo que vetará, en caso de ser sancionado.
La convocatoria, que involucrará a las comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, serviría para descomprimir la presión de gran parte de la oposición en relación con este tema.
En realidad, como el oficialismo planea ir al recinto el jueves con otro temario, dar luz verde a este debate evitaría, ante una eventual sesión, que la oposición más crítica al Gobierno tenga mayor margen para solicitar el tratamiento sobre tablas. Esa jugada necesitaría dos tercios, algo no tan lejano en este caso.
La primera comisión de Trabajo es presidida por la macrista -y aliada oficialista- Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), mientras que la de Presupuesto es comandada por el jefe de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy). Ambos manejarán los tiempos de convocatorias e incorporación de disertantes, ya que la intención de los libertarios es extender el análisis de la ley y sugerir una lupa sobre todo el sistema previsional y regímenes de privilegio.
El proyecto consensuado entre la oposición “dialoguista” y la kirchnerista en la Cámara baja, avalada con 162 votos a favor y 72 en contra, propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). También incorpora una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización).
Así, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. Para evitar que la actualización de la misma -que se efectiviza después del pago de los haberes- no deje desfasadas las subas, se optó por establecer en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.
Por otra parte, Diputados agregó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. De esta manera, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes.
Durante el debate en la Cámara baja, una prenda de cambio entre opositores fue priorizar el pago de los juicios de reajustes de haberes y las deudas con las cajas previsionales provinciales con fondos de la ANSES, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por ende, se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA.
Un ítem rechazado en la votación en particular -111 contra 109- fue el artículo 11 del dictamen, que suprimía a partir de la entrada en vigencia de la ley las jubilaciones de privilegio de los Presidentes y Vicepresidentes.
Durante la jornada de hoy también se esperan novedades sobre la potencial sesión del jueves, donde se intentará aprobar los ascensos militares de los jefes de las Fuerzas Armadas y de diplomáticos de carrera, así como la sanción de la declaración de duelo nacional del 18 de julio por el atentado contra la AMIA.
Otra ley que se piensa para el recinto es la que despachó días atrás la comisión de Justicia y que está atada a la actualidad del caso Loan -el niño que desapareció en Corrientes-, que impone “prisión de tres (3) a diez (10) años al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”.
El texto, empujado por la radical Carolina Losada, reprimirá “con prisión de cinco (5) a quince (15) años quien facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos” relacionados con este tema, que se encuentran en el Código Penal.
Previo a la firma del dictamen, algunos legisladores pidieron estudiar bien el tema ante la posibilidad de imponer penas por encima de delitos más graves dentro del Código, lo que generaría un desajuste del sistema e inevitables críticas posteriores.
