Desde el Ministerio de Economía dejaron trascender que evalúan suspender la norma vigente.
La noticia generó fuertes expectativas y dirigió todas las miradas hacia el Congreso. Sin embargo, tres días después de que el Gobierno dejara trascender que planea suspender la Ley de Alquileres, los diputados del Frente de Todos no conocen los detalles de la iniciativa y se mantienen expectantes.
Entre las alternativas en análisis -según pudo saber Infobae– se destacan la posibilidad de suspender por decreto la actual ley que rige los contratos de alquiler para volver al sistema que regía antes por 180 días. En ese lapso de tiempo, el Gobierno instaría al Congreso a aprobar una nueva norma.
Allí reside uno de los potenciales conflictos, dado que la reforma de la ley de alquileres ya se debatió en comisión el año pasado y de allí surgieron dos dictámenes con estado parlamentario. Es decir, los proyectos pasaron por comisión y están listos para ser debatidos en el recinto. No obstante, el dictamen de mayoría que logró imponer el Frente de Todos no modifica los dos puntos más cuestionados de la ley: la actualización anual de los montos y el plazo de tres años de los contratos.
Cuando se aprobó en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, la ley de alquileres gozó de un amplio consenso y fue votada con una mayoría que incluía a los diputados de Cambiemos. Sin embargo, debido a la dinámica inflacionaria y a la incertidumbre económica, al poco tiempo la oferta de alquileres cayó a niveles históricos y los aumentos de los nuevos contratos superaron el índice de inflación.
Ante este panorama, incluso desde el oficialismo comenzaron a plantear la necesidad de modificar la normativa. Sergio Massa anunció en noviembre de 2021 que impulsaría una reforma de la ley cuando todavía era presidente de la Cámara de Diputados. Lo mismo hizo el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones de 2022.
A pesar del impulso de la Casa Rosada, la postura de los diputados del Frente de Todos fue cambiando a medida que avanzó el trabajo en las comisiones. Haciéndose eco de los planteos de las asociaciones de inquilinos, la bancada oficialista finalmente optó por no modificar el corazón de la ley vigente (el plazo de tres años ni la actualización anual). En cambio, propuso una serie de incentivos fiscales para aumentar la oferta de propiedades en el mercado, algo que en teoría ayudaría a bajar los precios.
Por su parte, Juntos por el Cambio y otros bloques opositores llegaron a un consenso para sacar un dictamen de minoría que vuelve a los contratos de dos años y permite la actualización por un mínimo de tres meses.
Dado que ninguna de las dos coaliciones podía lograr los apoyos necesarios para aprobar su proyecto, nunca se convocó a una sesión especial para debatir el tema. Tras meses de parálisis desde el Ministerio de Economía y la Casa Rosada parecen decididos a volver a traer nuevamente el tema a la agenda.
Desde la bancada oficialista aseguraron que no hubo “absolutamente ninguna comunicación” por parte del Poder Ejecutivo. Lo cual no hizo más que potenciar la incertidumbre. Algunos se limitaron a señalar que sólo podrán evaluar una posición cuando se conozcan los detalles de la iniciativa. En cambio, los sectores más duros ya adelantaron que no cambiarán de postura. “La mayoría no lo va a bancar”, dijo un diputado que reconoció que los puntos que trascendieron mediáticamente están más cerca del proyecto de la oposición.
“Me hace acordar a la eliminación de las PASO”, lamentó un experimentado diputado, en referencia a los rumores -que nunca se concretarían- de que el oficialismo iba a impulsar en el Congreso una reforma electoral. “Yo esperaría”, recomendó.