La administración de Rodolfo Suárez buscará impugnar administrativamente la operación del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) que otorgó territorios clave a tres comunidades originarias.
La gobernación de Mendoza se prepara para una nueva disputa con la Casa Rosada. Algo que comenzó en medio de la pandemia, cuando la provincia se negaba a los cierres de circulación y de las escuelas, hoy empieza a tener un nuevo capítulo que seguramente terminará en la Corte Suprema de Justicia.
En los próximos días, la administración del gobernador radical Rodolfo Suárez presentará un Recurso Administrativo frente al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para que se detenga la entrega de tierras a comunidades indígenas y se declaren inconstitucional las últimas tres resoluciones que habilitaron la cesión de las mismas.
“Esto se va a presentar en los próximos díasy como quien lo tiene que aceptar o no es el mismo INAI, lo más probable es que lo rechace”, señalaron fuentes de la administración cuyana. “Si lo rechazan vamos a ir derecho a la Corte Suprema de Justicia porque es un problema entre la administración provincial y la Nación”, agregó la misma fuente.
Es decir que, lo más probable, es que Mendoza demande al INAI, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, en el máximo tribunal. “Una vez más Mendoza contra la Nación, pero esta vez es por facultades que son exclusivas de la provincia y que fueron invadidas por el INAI”.
En las últimas dos semanas, el organismo en cuestión otorgó más de 21.500 hectáreas a dos comunidades mapuches: El Sosneado, de San Rafael, y Suyai Levfu, de Malargüe, quienes reclamaban el reconocimiento sobre esas tierras bajo el argumento de su presencia ancestral en tierras cuyanas. Y en la última resolución otorgó 4.477 hectáreas de tierra a la comunidad mapuche Lof Limay Kuref.
“La operación es medio extraña. Llegó una investigadora de la UBA, una socióloga, se entrevistó con las comunidades y ahí definieron que son ancestrales. Nosotros vamos a probar que nunca hubo presencia de mapuches en Mendoza”, explicaron desde la provincia.
Además, el otro conflicto es que, en la última operación, las tierras entregadas tienen 52 pozos petroleros debido a que buena parte está asentada en una zona de Vaca Muerta.
“La Corte Suprema de la Nación ya lo ha dicho en varias ocasiones que, cuando hay una discusión de tierras entre privados, salvo que en el medio haya una cuestión federal, la que decide es la Corte provincial, que ya lo hizo. Además, hace poco el máximo tribunal tuvo una discusión similar presentada por Neuquén y falló a favor de la provincia patagónica. Nosotros ahora lo que queremos es que mientras se resuelve el proceso administrativo, se dicte una especia de no innovar sobre esos territorios”, explicaron desde la administración radical.
En todo Malargüe y El Sosneado -distrito sanrafaelino en el límite entre ambos departamentos- se encuentran registradas 27 comunidades mapuches. Aunque desde el gobierno provincial aseguran que no hay datos que demuestren la existencia de comunidades mapuches en esa zona, los miembros de los Lof que fueron relevados por el INAI afirman que tienen presencia desde hace más de 100 años. La mayoría se dedica a la actividad ganadera caprina.
La ocupación histórica de estas tierras por parte de las comunidades mapuches también fue puesta en duda por los especialistas. La profesora y doctora en Historia, Andrea Greco de Álvarez, explicó que los verdaderos pueblos nativos de ese territorio son los Puelches y Pehuenches.
La ubicación originaria de los mapuches se registra al oeste de la Cordillera de los Andes, en el actual territorio de Chile. Desde allí hacia mediados del siglo XVIII empezaron a tomar tierras al este de la cordillera en la actual Patagonia argentina.