Nicolás Carrizo podría hablar este martes.
Este martes se reactiva la investigación por el atentado a Cristina Kirchner. A cuatro meses del intento de magnicidio, hoy volverá a tribunales Nicolás Carrizo, el líder de “la banda de los copitos”, donde será indagado nuevamente por la jueza María Eugenia Capuchetti.
Carrizo se encuentra detenido desde el 13 de septiembre y ya fue sindicado como partícipe secundario del hecho, sin embargo la querella reclama que se lo acuse de asociación ilícita junto a Fernando Sabag Montiel, el hombre que apuntó a la cabeza de la Vicepresidenta, y su pareja, Brenda Uliarte, ambos procesados como coautores de intento de homicidio agravado.
Carrizo será trasladado desde el penal de Marcos Paz hasta los tribunales de Retiro donde se le exhibirán los mensajes encontrados en su teléfono celular. “Recién intentamos matar a Cristina”, decía uno de los textos. Aquella noche del 1° de septiembre escribió, entre otros mensajes: “Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “No sabés que hicimos con esto”, “Generar miedo”, “Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”. Al día siguiente del atentado, continuó mandando mensajes con su celular: “Es un golpe que le dimos al gobierno” y “esto se va a poner peor”.
Carrizo ya fue procesado precisamente por el tenor de los mensajes que se encontraron en su teléfono cuando lo entregó voluntariamente al declarar como testigo. Ahí decía: “Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo”. En su descargo, el jefe de los copitos insistió en que todo se trató de una broma. “Soy de hacer jodas pesadas, no tuve nada que ver”, insistió.
Sabag fue atrapado por militantes de La Cámpora luego de que le apuntara a la cara a CFK. Mientras que su novia desapareció del lugar, llamó a varios conocidos y se fue a dormir a la casa de un ex novio; luego se encontró con “los copitos” y apareció en televisión junto a Carrizo para desligarse del intento de asesinato. A los cuatro días terminó detenida.
En este marco, la querella de la Vicepresidenta insiste con que hay más personas involucradas en el atentado. Además de Carrizo, acusó a la agrupación Revolución Federal y el financiamiento que, según planteó, recibió de la empresa Caputo Hermanos, propiedad de familiares de un ex alto funcionario de Mauricio Macri, Luis Caputo.
A fines de diciembre, la ex mandataria anunció a través de sus redes sociales que pedía de nuevo la detención de Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, integrantes de la agrupación Revolución Federal. También pidió la citación a indagatoria de Rossana Caputo por el financiamiento al grupo y el allanamiento y el secuestro del celular de Ximena De Tezanos Pinto, la vecina de CFK en el edificio de Recoleta. Pero el juez Martínez de Giorgi rechazó esos planteos.
Se descuenta que la querella apelará la decisión cuando se reanude la actividad judicial a partir del miércoles 1 de febrero. Eso quedará en manos de la Sala I de la Cámara Federal conformada por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes también deberán decidir sobre otro de los focos que incluyó la Vicepresidenta: la conexión del diputado del PRO -que responde políticamente a Patricia Bullrich– Gerardo Milman. La pista sobre el legislador opositor surgió de la declaración de Jorge Abello, ex diputado provincial de Santa Fe y actual asesor legislativo del diputado nacional del Frente de Todos, Marcos Cleri.
Abello aseguró que el 30 de agosto almorzó junto a su cuñado en el restaurant Casablanca, en la esquina del Congreso, y que allí vio a Milman junto a “dos chicas muy bonitas, jóvenes y bien vestidas”. En este marco dijo que escuchó al diputado del PRO decir: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”. “A lo cual una de las mujeres le pregunta por el chofer algo así como ‘y tu chofer?’ y él le contesta: ‘Lo mando a Tucumán porque es un hablador al pedo’. Eso fue todo lo que escuché, después siguieron las bromas, los chistes, él se paró, saludó a unas personas por ahí y pagamos nosotros y nos fuimos”, agregó Abello.
La jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo confirmaron a través de las cámaras de seguridad de la Ciudad que Milman estuvo allí junto a dos colaboradoras: Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, a las que llevaron a declarar como testigos.
Gómez Mónaco, ex Miss Argentina en 2012, fue directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad durante la gestión macrista.
La querella pidió a la jueza que les secuestrara los teléfonos a las mujeres, pero Capuchetti entendió que ese pedido no estaba fundado. Esta decisión motivó a Cristina Kirchner a acusar a la magistrada de obstruir y la investigación y buscó su recusación.
Las secretarias de Milman volvieron a ser citadas a declarar el 1 de diciembre. Las dos negaron que su jefe haya dicho eso. Y cuando se les solicitó los teléfonos, una de ellas aclaró que cambió el celular, aunque explicó que el anterior lo tenía una hermana suya y podía aportarlo. La otra reconoció que había borrado su contenido después de asesorarse porque tenía fotos íntimas que no quería que se filtraran. Días después volvió para decir que había podido acceder al viejo contenido y lo entregó. La discusión ahora está en determinar qué se extraerá de esos teléfonos. La querella pretende investigar todos los mensajes desde varios meses antes del ataque, para la jueza el análisis es más acotado.
Este lunes, Capuchetti rechazó un nuevo pedido de recusación presentado por la querella. “Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”, había escrito Cristina Kirchner en sus redes sociales el pasado 9 de enero cuando anunció el escrito recusatorio.
Para la jueza, no estaban dadas las causales para apartarla. “La parte recusante invoca actividades académicas generadoras de supuestos vínculos con funcionarios locales, desplegando un amplio espectro de cuestiones sin más desarrollo que su sola mención, sin profundizar en el presunto interés que guardaría la suscripta y el motivo por el cual debería ser apartada para entender en estos actuados”, justificó la jueza en la resolución presentada ayer.
