La prórroga se oficializó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, en el que se otorgan facultades al Poder Ejecutivo “propender a una adecuación tarifaria de transición”.
El Gobierno extendió este miércoles 7 de diciembre, a través de un decreto en el Boletín Oficial, la intervención del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y planea avanzar con la Revisión Tarifaria Integral de ambos servicios básicos, en una medida que busca encontrar el equilibrio entre el recorte paulatino de subsidios a la energía y la actualización de las facturas que pagan los usuarios en un marco de alta inflación.
En diciembre de 2020, unos días después de asumir, el presidente Alberto Fernández, a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, puso fin a la Revisión Tarifaria integral (RTI) del gobierno de su antecesor Mauricio Macri, que preveía un ajuste semestral de tarifas de acuerdo a la evolución del Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM). A partir de allí, el Gobierno puso un plazo de dos años para volver a hacer una revisión tarifaria, sin embargo esto aún no fue resuelto.
Por esa razón, ahora el Poder Ejecutivo prorrogó, a partir del 1° de enero de 2023, la intervención de ambos organismos hasta tanto entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios resultantes de los Acuerdos Definitivos de la Revisión Tarifaria Integral (RTI). Así lo establece el artículo 2° del decreto 815/2022 publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.
Con la firma de Alberto Fernández, el documento explica que la medida se toma considerando que con la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegaron en el PODER EJECUTIVO NACIONAL determinadas facultades.
Al mismo tiempo, se expresa que en el artículo 2° de la citada ley uno de los incisos dispone “Reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos”.
Pero más allá de lo expresado en la norma, la medida le impone al ENRE un plazo de 90 días para actualizar el “Valor Agregado de Distribución”. El detalle se explica en los artículos 5, 6 y 7 (“Título 3: Sistema Energético”) de la ley 27.541, ″De Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”, sancionada el 23 de diciembre de 2019), dos semanas después de la asunción presidencial de Alberto Fernández.
De tal manera, el Gobierno se pone un plazo de 3 meses para avanzar en la revisión tarifaria, algo que no registró avances en 3 años en los que pasaron 3 secretarios de Energía y 3 ministros de Economía. Surge de allí la duda, teniendo en cuenta que 2023 es un año electoral, sobre si la gestión actual estará de dispuesta a pagar el costo político que supone tomar decisiones que afecten el bolsillo de los usuarios. Del otro lado estarán las exigencias del acuerdo con el FMI.
Por otra parte, a comienzo de año, las empresas Edenor y Edesur presentaron al ENRE un detalle de su complicada situación financiera, como consecuencia de la falta de actualización de las tarifas, y su plan de inversiones, y consideraron que la actualización de los cuadros tarifarios es imprescindible para brindar el servicio y realizar inversiones.
Según las dos compañías, durante todo 2020 no tuvieron ninguna actualización en las tarifas de sus servicios (la actualización anterior había sido en marzo de 2019). En mayo de 2021, en tanto, pudieron aplicar un único incremento autorizado por el ENRE que fue de 20,9% en el costo de distribución (CPD) que representó un incremento final en tarifa que reciben los usuarios del 9%.
