Siete grandes fondos de inversión europeos anunciaron que se van a desprender de sus acciones brasileñas si no se detiene la creciente destrucción de la selva amazónica.
Siete grandes empresas de inversión europeas anunciaron que se desprenderán de sus inversiones en la comercialización de carne, de cereales e incluso de los bonos del Estado en Brasil si no ven progresos en la resolución de la creciente destrucción de la selva amazónica. Esto se suma a otra amenaza lanzada el mes pasado por 40 grandes supermercados y distribuidoras de alimentos del Reino Unido de dejar de comercializar cualquier producto brasileño si se llega a aprobar un proyecto de ley que podría legalizar la ocupación privada de tierras públicas. El boicot podría sumar a varias otras grandes empresas de Estados Unidos que ya se quejaron por la misma situación a través de la vía diplomática. Una situación que deja al presidente Jair Bolsonaro, un defensor del avance de la producción agrícolaganadera sobre la selva amazónica que se apodó a sí mismo como “Capitán Motosierra”, atrapado en un dilema: o detiene a los ganaderos que lo apoyan creando una crisis política interna o se olvida de 5.000 millones de inversiones y mucho más de pérdidas por el cierre de los mercados a las exportaciones.
Las expectativas están centradas en el tratamiento de un antiguo proyecto de ley 510/2021, reavivado por Bolsonaro y sus aliados en el Congreso, sobre la tenencia de tierras fiscales desforestadas ilegalmente que cubre un área de unos 50 millones de hectáreas. De aprobarse, daría vía libre a la destrucción de buena parte de las zonas fronterizas de la Amazonia. Un proyecto que ya fue rechazado firmemente por un grupo de 60 obispos del norte brasileño y que se encuentra, por el momento, demorado en el Senado. La deforestación de la selva brasileña en 2019, el primer año de gobierno de Bolsonaro, alcanzó la cifra más alta de los últimos once años y en los primeros cinco meses de 2020 se incrementó en otro 34%, según datos de la agencia gubernamental de investigación espacial INPE. En los 12 meses transcurridos hasta julio de este año se perdieron unos 4.300 kilómetros cuadrados de bosque, un 9,5% más que en el mismo periodo del año anterior, siempre de acuerdo a datos oficiales.
La cría de ganado es un gran agente de deforestación y contaminación, responsable de entre el 60 % y el 80 % de la pérdida forestal amazónica, y un aumento crítico en las emisiones de gases de efecto invernadero. En la mira de los fondos de inversión también están JBS, el mayor productor de carne envasada del mundo, y otras empresas ganaderas que operan en las zonas desforestadas. “Las tendencias que vemos en Brasil son muy preocupantes”, dijo a la agencia Reuters, Daniela da Costa-Bulthuis, gestora de activos del fondo de inversión holandés Robeco. “Se está registrando una destrucción de los bosques sin precedentes junto a un acelerado desmantelamiento de los mecanismos reguladores de control ambiental”.
En septiembre del año pasado, 230 inversionistas internacionales firmaron una carta en la que pedían medidas urgentes para luchar contra los incendios que asuelan la selva amazónica, lo que captó la atención global. Ahora, siete de las más grandes firmas de gestión de activos con inversiones en Brasil –Storebrand, AP7, KLP, DNB Asset Management, Robeco, Nordea Asset Management y LGIM– fueron más allá al exponer la amenaza de desinversión si no hay avances. Estas empresas tienen más de 5.000 millones de dólares en inversiones vinculadas al comercio de cereales y carnes brasileños. El mayor fondo de pensiones de Noruega, KLP, está evaluando las políticas medioambientales de cerealeras como ADM, Cargill y Bunge. “Si nuestra conclusión es negativa, la desinversión será el resultado probable y esperamos que otros grandes inversores sigan nuestro ejemplo”, dijo Jeanett Bergan, jefe de inversión de KLP, a través de un correo electrónico. Bunge y Cargill están adheridos a la llamada “Moratoria de la soja en el Amazonas”, un acuerdo voluntario por el que se comprometieron a no comprar soja procedente de zonas de la Amazonia deforestadas en los últimos veinte años.
A la iniciativa de presionar al gobierno de Bolsonaro se unieron otros poderosos grupos de inversionistas como el proveedor noruego de seguros y pensiones Storebrand y el mayor fondo nacional de pensiones de Suecia, AP7. La empresa de gestión de activos, NDAFI.HE, uno de los mayores bancos de los países nórdicos, detuvo las compras de deuda soberana brasileña el año pasado después de que estallaran los incendios forestales, poniendo en “cuarentena” los 112 millones de dólares que posee en bonos del gobierno brasileño. “Mantener estas inversiones congeladas significa que si no hay prontas soluciones, vamos a vender los bonos del gobierno brasileño, lo que podría desencadenar que otros fondos siguieran el ejemplo”, dijo Thede Ruest a la agencia Reuters. “Estamos decepcionados por la falta de progreso de la actual administración, con las tasas de deforestación que siguen disparándose justo antes de otra posible temporada de incendios”.
La alarma que desencadenó esta escalada de los fondos globales fue encendida por un reciente vídeo de una reunión del gabinete brasileño, que fue hecho público debido a una investigación federal. Allí aparece el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, sugiriendo a Bolsonaro y a otros ministros que el gobierno debería acelerar la desregulación ambiental mientras la opinión pública está distraída por la actual pandemia de coronavirus. Salles tuvo que renunciar la semana pasada por un caso de corrupción ligado a la venta de madera de árboles del Amazonas.
El presidente estadounidense Joe Biden también presionó a Bolsonaro para que intensifique los esfuerzos para frenar la creciente deforestación en la selva. Hasta enero, el brasileño gozaba del apoyo del entonces presidente Donald Trump quien avaló sus políticas que colocan el crecimiento económico nacional por encima de cualquier otra prioridad, incluso el cuidado del medio ambiente. Y algunas compañías estadounidenses ya dejaron de usar productos brasileños. La empresa de ropa y calzado VF Corp. -dueña de las marcas Timberland, Vans y North Face- dejó de utilizar cuero brasileño el año pasado en protesta por la destrucción del medio ambiente. Francia también se sumó a la presión global y citó la deforestación como motivo para retrasar la aprobación del gran acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur –esto más allá de que el tema también fue utilizado como excusa para oponerse al pacto por parte de los proteccionistas agricultores franceses-.
Las pocas iniciativas que existen en Brasil para detener la tala de los bosques y controlar la explotación ganadera, son a nivel estatal. Un buen ejemplo es el de Pará en el que están instalando un sistema de seguimiento para detener el “lavado de ganado”. Los productores del área amazónica suelen trasladar las vacas de una explotación a otra para ocultar que han sido criadas en tierras taladas ilegalmente. En ese estado hay 21 millones de vacas y una población de 8,7 millones.
Se trata de una plataforma digital llamada “SeloVerde” que permite a los compradores saber si el ganado que se les vende ha sido criado en tierras deforestadas ilegalmente, o en granjas que tienen multas medioambientales impagadas, o implicadas en delitos como el trabajo esclavo. Una iniciativa que fue elogiada a nivel internacional, pero que aparece como un grano de arena ante el tamaño de la cabaña ganadera brasileña, la mayor del mundo, con 217 millones de animales.